Prisión incondicional para el ex comisario José Manuel Villarejo

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Villarejo EFE


La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado pasadas las diez de esta noche del 5 de noviembre el ingreso en prisión incondicional del comisario jubilado José Villarejo, su socio Rafael Redondo y del actual comisario Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada "Operación Tándem".


En el caso de Salamanca la juez le atribuye indiciariamente también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los otros cuatro investigados que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad, han informado fuentes jurídicas.


En el caso de la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, queda en libertad con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres--uno de ellos hijo de Villarejo y otro de Salamanca--sin medidas cautelares.


ORGANIZACIÓN CRIMINAL


La Policía Nacional detuvo este viernes al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.


Las investigaciones se han llevado a cabo de forma conjunta con la Fiscalía Anticorrupción y han sido supervisadas por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional -dirigido por Manuel García Castellón-.


El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, habilitado como refuerzo del Juzgado central de instrucción número 3, del que es titular Carmen Lamela, ha ordenado este viernes la detención de Villarejo y otras cinco personas, entre ellos dos comisarios de la Policía Nacional.


La Audiencia Nacional sitúa a Villarejo y al resto de detenidos como integrantes de una organización criminal. También les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.


La operación, bautizada como Tándem, fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".


Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional".


Anticorrupción ha explicado en su comunicado que ha ordenado más de una docena de registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia.

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