Dos exaltos cargos de Ayuso, imputados por protocolos sobre las residencias en pandemia

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a dos ex altos cargos del Gobierno regional por su actuación durante la pandemia de COVID-19. Se trata de Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra y sucesor de Mur en el cargo. Ambos comparecerán el próximo lunes 26 de mayo a las 12:30 horas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.

Carlos Mur firmó en marzo de 2020 los protocolos que impedían la derivación hospitalaria de residentes en centros de mayores, mientras que Peromingo fue responsable directo de la atención en 47 residencias del área del Hospital de Móstoles antes de asumir la dirección general tras el cese de Mur.

Reapertura de una causa archivada

Esta citación se produce tras la reapertura de una causa que había sido archivada provisionalmente hace casi tres años. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid, motivada por una denuncia presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de fallecidos en residencias durante la primera ola de la pandemia. La denuncia fue impulsada por las plataformas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, y acusa a altos cargos del Gobierno regional —incluida la presidenta Isabel Díaz Ayuso— de un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal.

Durante los últimos meses, varios familiares han prestado declaración ante la Fiscalía, aportando testimonios sobre la situación vivida en los centros.

Un paso inédito en la investigación

Las asociaciones celebran que, por primera vez, altos cargos sean citados como investigados en un procedimiento judicial relacionado con estos hechos. Hasta ahora, señalan, las instrucciones judiciales se habían centrado en niveles inferiores de responsabilidad. En un comunicado conjunto, exigen que se esclarezca también el papel del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la presidenta Ayuso en la toma de decisiones que, afirman, tuvieron "un impacto brutal en la vida de muchos residentes".

Panorama judicial más amplio

La denuncia colectiva fue distribuida entre varias fiscalías territoriales: la Provincial de Madrid (53 casos), Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13). En total, se han identificado 92 procedimientos relacionados con presuntas vulneraciones del artículo 511 del Código Penal. De ellos, algunos están aún en fase de admisión, mientras que otros ya han sido elevados a la Audiencia Provincial tras recursos por el rechazo inicial de los Juzgados de Instrucción.

En el caso de la Fiscalía Provincial, se solicitó en todos los procedimientos que declaren como investigados los considerados "autores intelectuales" y firmantes de los protocolos: Mur y Peromingo. El Juzgado número 3 de Madrid es el primero en admitir esa solicitud y reabrir una causa, mientras que otros juzgados han optado por mantener los archivos previos, decisión que ha sido recurrida tanto por los denunciantes como por la propia Fiscalía.