ERC propone una rebaja de 3 años de la malversación sin ánimo de lucro

Esquerra Republicana ha presentado este viernes 9 de diciembre una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición entre las que propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel (con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión) a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. La formación ha argumentado que con esta reforma quiere evitar que se use el delito de malversación "con finalidad política y arbitraria contra el independentismo".
 

Según ERC, pretenden "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista". Alegan que con estas enmiendas, que califican de "quirúrgicas" quieren "redefinir, esclarecer y evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal" y evitar que "el Estado vuelva a utilizar el delito de malversación de forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista, a la vez que evitar, también, que la reforma pueda ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción".

Los republicanos quieren crear un nuevo artículo 432 bis según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 3 años, y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 4 años".

ERC plantea cambiar la redacción de ese mismo artículo 432.1 para que indique expresamente que "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas será castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años" e inhabilitación de 6 a 10 años.

Además, dejaría igual las gradaciones de pena contempladas, con castigos de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación de 10 a 20 años, si "se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público" o si "el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 euros". En este punto, la única novedad es que ERC también plantea castigar con esos entre 4 y 8 años de cárcel y 10 a 20 de inhabilitación cuando "las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico, o "si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública".