PP y VOX votan en contra de evitar la explotación laboral y el trabajo infantil

La ley impulsada por la Comisión Europea para combatir la explotación laboral, incluido el trabajo infantil, fue rechazada por el PP y Vox. En la votación de la Directiva de Diligencia Debida en el Parlamento Europeo, los populares europeos se dividieron y la delegación española estuvo entre las que la rechazaron. La derecha dejó clara su preocupación por el posible impacto negativo de esta legislación en el desarrollo y la competitividad empresarial.

El proyecto presentado por Bruselas tiene como objetivo que las grandes empresas adopten un comportamiento "sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor globales". Propone que estas empresas identifiquen, prevengan, pongan fin o mitiguen los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación laboral, así como en el medio ambiente, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Esta proposición viene debido a que 160 millones de niños en todo el mundo (uno de cada diez) se encuentran atrapados en el trabajo infantil, y casi la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos. Además, se estima que 25 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.

La propuesta ha sido respaldada por el Parlamento Europeo con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Esta medida afectará a las empresas que cuenten con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. En el caso de las empresas que no tengan sede de operaciones en la Unión Europea, la legislación se aplicará a aquellas que tengan una facturación superior a esa cifra, de las cuales al menos 40 millones se hayan generado en territorio de los 27 países miembros.

La directiva, que deberá ser negociada entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión antes de su aprobación final, contempla las sanciones a las empresas que no cumplan con las reglas establecidas. Las sanciones, impuestas por los supervisores nacionales, variarán según la gravedad de la infracción e incluirán medidas como la divulgación pública del incumplimiento, la retirada de productos del mercado y multas que podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos de la empresa. Además, la directiva también aborda aspectos ambientales y requiere que las empresas desarrollen planes de transición para abordar el cambio climático. En el caso de empresas con más de mil empleados, el cumplimiento de estos programas afectará a la parte variable de las remuneraciones de los ejecutivos.

La delegación española del PP ha justificado su voto en contra argumentando que "algunos de los compromisos eran demasiado gravosos para las empresas de la UE, especialmente pymes". Sin embargo, es importante destacar que las restricciones propuestas solo se aplicarían a empresas con cifras significativas de facturación. Los conservadores sostienen que estas medidas tendrían un impacto negativo en la competitividad de las empresas europeas a nivel global. El grupo liderado por Feijóo enfatiza la importancia de una armonización completa en todo el mercado único de la UE y considera que esto es necesario para garantizar condiciones equitativas. Además, el grupo prefería cambiar la directiva por un reglamento, que tendría un nivel regulatorio inferior.