Los problemas relacionados con la vivienda se disparan en el nuevo informe del Síndic de Greuges
El objetivo del organismo reside en que las quejas y actuaciones de oficio, más allá de su valor individual, tengan repercusión en la colectividad y sirvan para cambiar normativas y protocolos de las administraciones

La síndica de agravios de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por los dos adjuntos, Jaume Saura y M. Jesús Larios, ha entregado a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlament, Alba Vergés, el informe anual de la institución correspondiente a en 2022. El informe recoge en buena parte la actividad de la institución bajo el mandato del síndic anterior, Rafael Ribó, a quien la nueva síndica ha querido agradecer el trabajo realizado a lo largo de todos los años que ha estado en el líder.
Durante 2022 se han dirigido a la institución 18.068 personas y se han iniciado 23.527 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. "La cifra global es bastante similar a la de los años anteriores. En cuanto a las quejas, son menos que en 2020 y 2021, que fueron años muy marcados por la pandemia. Por tanto, hemos vuelto a la normalidad en este ámbito" , explica Jaume Saura para CatalunyaPress. El documento deja entrever que muchas personas se dirigen a la institución del Síndic de Greuges no sólo para presentar una queja contra el funcionamiento de las administraciones, sino que también buscan información, asesoramiento y orientación sobre lo que deben hacer ante un problema. El análisis del perfil de estos usuarios nos indica que son sobre todo personas con un patrón de exclusión social. Este incremento de la cifra de consultas ha hecho necesario repensar y reforzar al Servicio de Atención a las Personas.
El ámbito donde más han destacado las quejas es en el social, que incluye educación, infancia, salud y servicios sociales, y que ha representado el 45,4%.

En el ámbito de servicios sociales, uno de los principales problemas a los que debe dirigirse es la renta garantizada de ciudadanía para que llegue a más personas en situaciones de pobreza. Sobre la infancia, el informe insiste en que en los últimos años se ha agravado la vulnerabilidad social y, en consecuencia, ha aumentado el malestar emocional y las oportunidades sociales y educativas de niños y adolescentes. También destaca la necesidad de apostar por el acogimiento familiar.
Sobre vivienda, las quejas han crecido un 34% respecto a 2021 y se ha incrementado bastante los casos de emergencia residencial, acceso a la vivienda y demora en la tramitación de alquileres. Por tanto, apuntan como hecho imprescindible que las administraciones trabajen preventivamente para evitar la pérdida de la vivienda y reduzcan el plazo para el pago de los alquileres. En cuanto al consumo, el informe pone de manifiesto carencias relacionadas con la pobreza. Por un lado, la tramitación del bono social sigue siendo muy compleja y, por otro, la pobreza energética sigue siendo un problema.
En el ámbito de la justicia, a raíz del Proyecto de ley orgánica que pone en cuestión la figura del juzgado de paz, la institución quiere subrayar su relevancia como articulador de una justicia cercana y restaurativa. Por último, en el área de administración pública, el informe destaca que la cita previa no puede ser un requisito imprescindible para que las administraciones atiendan a las personas, a pesar de los evidentes efectos positivos que tiene desde un punto de vista organizativo.
En cuanto a las ofertas de empleo público, también se ha pedido a las administraciones que fijen medidas de discriminación positiva para conseguir que la reserva legal del 7% para las personas con discapacidad se amplíe al personal temporal.
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS
En resumen, las personas que han presentado una queja al Síndic de Greuges han quedado satisfechas con los servicios recibidos, según una puntuación media de 6,8, algo más alta que el año anterior. Sin embargo, la institución tiene como objetivo marcado el hecho de ampliar el cuestionario de satisfacción para incluir a las personas que han realizado una consulta, ya que representan la mayoría de las actuaciones de la institución.
El objetivo del organismo reside en que las quejas y actuaciones de oficio, más allá de su valor individual, tengan repercusión en la colectividad y sirvan para cambiar normativas y protocolos de las administraciones.
A pesar de ser un procedimiento relativamente sencillo y accesible (se puede hacer de forma presencial, por correo electrónico, por teléfono, por videollamada...), la entidad ha notado que las personas migrantes no hacen tanto uso, y eso es uno de los puntos que quieren mejorar de cara a los próximos años, seguramente porque es necesario darse a conocer más la institución.
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