En un contexto marcado por una creciente precariedad habitacional, el dirigente ha advertido de una situación crítica que amenaza con cronificarse si no se actúa con rapidez y consenso.
En declaraciones a Cope Catalunya recogidas por Europa Press, Vilajoana ha señalado que España soporta "la carga fiscal sobre vivienda más alta de Europa", con un 30% del coste final destinado exclusivamente a impuestos. Según él, esta cifra es “corregible mañana mismo” sin necesidad de nuevos marcos legislativos, lo que pone el foco en la voluntad política como principal barrera.
El presidente de Apce ha puesto cifras al problema: mientras el país necesita un mínimo de 250.000 viviendas anuales para responder a la demanda social, apenas se están construyendo unas 100.000. “El déficit es estructural”, ha alertado, y ha culpado a la lentitud de la burocracia como uno de los principales cuellos de botella: el proceso para que un terreno se convierta en suelo edificable puede tardar de media hasta 16 años.
Barcelona, bajo la lupa
Vilajoana también ha criticado las políticas del Ayuntamiento de Barcelona, en particular la normativa aprobada durante el mandato de Ada Colau que obliga a destinar el 30% de los pisos nuevos o reformados a vivienda social. Aunque reconoce que se han iniciado movimientos para “flexibilizar” esta medida, considera que debe ser modificada para que sea realmente viable: “Los problemas estructurales no se pueden resolver con soluciones puntuales ni con una mirada cortoplacista”, ha remarcado.
El mensaje es claro: sin una estrategia integral y coordinada entre administraciones, el acceso a la vivienda seguirá siendo un derecho vulnerado para miles de ciudadanos. Vilajoana reclama medidas valientes y eficaces, alejadas del simbolismo y capaces de generar un parque residencial suficiente, asequible y sostenible. Porque la vivienda, advierte, no puede seguir siendo un lujo en un país donde se convierte, cada día más, en una necesidad inalcanzable.
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