Quince medidas para prevenir la listeria

 

Facua-Consumidores en Acción ha presentado este lunes un total de 15 medidas para prevenir un nuevo caso de producto alimenticio contaminado, como el caso de la empresa Magrudis, productora de la carne mechada 'La Mechá' infectada con 'Listeria monocytogenes', que implican, entre otras cosas, más inspectores sanitarios y la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal.

En un comunicado, Facua expone que se tratan de reivindicaciones que "deben acometerse de manera urgente, dadas las importantes carencias que tiene la legislación", que pueden desembocar en crisis de tanta gravedad como la de Magrudis, la cual "podría haberse evitado si la normativa y los protocolos de control no tuviesen tantos agujeros" como los que ha identificado.

Reclama consenso a las distintas fuerzas políticas para emprender reformas y lamenta en este sentido que, pese a las dimensiones del caso Magrudis, tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "no hayan aceptado sus peticiones de reunión para analizar los errores que se han cometido en torno a esta alerta alimentaria" y sus reivindicaciones para prevenir casos similares en el futuro.

La primera de las medidas de Facua es que las empresas alimentarias contarán con un seguro de responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio, cuya existencia y renovación anual será supervisada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde tengan su sede social.

En segundo lugar, se creará un fondo de garantía mediante el que las empresas alimentarias tendrán que aportar al Ministerio de Sanidad una cantidad dimensionada sobre la base de su volumen de ventas para cubrir indemnizaciones en los casos en que se sobrepasen las cuantías establecidas en los seguros de responsabilidad civil.

A esta le sigue que las asociaciones de consumidores representativas y los ayuntamientos serán incorporados a la red de alerta alimentaria "para garantizar que reciban la información al mismo tiempo que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad", de manera puedan contribuir a dar a conocer los casos.

La cuarta expone que todas las empresas dedicadas a la fabricación o importación de alimentos informarán a través de sus páginas web de las alertas alimentarias que sean decretadas sobre sus productos, una medida similar a la quinta, que establece que los establecimientos minoristas y hosteleros tendrán que informar mediante cartelería de las alertas decretadas sobre alimentos que hayan servido al público desde el momento en que tengan conocimiento de las mismas.

En sexto lugar, Facua pide más inspectores sanitarios, al exigir que las administraciones competentes en materia sanitaria y de protección al consumidor "dimensionarán sus cuerpos de inspectores sobre la base del número de empresas existentes en sus territorios para garantizar la suficiente capacidad de control".

Seguidamente, los organismos competentes de los ayuntamientos informarán con carácter inmediato a las autoridades sanitarias de las solicitudes de licencias de actividad o la presentación de declaraciones responsables por parte de empresas alimentarias para que verifiquen si cuentan con los debidos registros sanitarios y las incorporen a sus protocolos de inspección.

A esta medida le sigue que las autoridades sanitarias informarán a los organismos competentes de los ayuntamientos de las solicitudes de registros sanitarios que formulen las empresas alimentarias para verificar si cuentan con las preceptivas licencias de actividad o, de no ser éstas necesarias por sus características, han presentado las debidas declaraciones responsables.

En noveno lugar, las administraciones sanitarias y agroalimentarias cruzarán sus datos con carácter periódico para verificar si las empresas alimentarias de las que tengan conocimiento están dadas de alta en sus respectivos registros y comprobar la veracidad de los datos incluidos en los mismos.

Asimismo, se regularán los plazos en los que las autoridades sanitarias deberán inspeccionar a las empresas alimentarias en función de los niveles de riesgo de su actividad, los cuáles serán de obligado cumplimiento. "La inobservancia de dichos plazos podrá dar lugar a responsabilidad de la administración por mal funcionamiento de los servicios de control oficial", añade Facua.