Los Servicios Sociales de los Ayuntamientos están desbordados con el Ingreso Mínimo Vital

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital  en junio va camino de colapsar de nuevo la administración local, dado que los plazos prometidos por Pedro Sánchez, son muy ajustados y lo más probable es que  se pueden cumplir en su totalidad como  ha ocurrido anteriormente con los ERTEs.

El real decreto que regula el ingreso mínimo vital entra en vigor este lunes y, según anunció hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 26 de junio deberán cobrar esa prestación un mínimo de 255.000 españoles.

La normativa establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que asumir los trámites burocráticos, y que el Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) se encarga solo de la resolución.

Esta nueva ayuda a las familias llega en un momento en el que los servicios sociales de los ayuntamientos se encuentrandesbordados con la gestión de las ayudas de urgente necesidad por el Covid-19, a lo que se une que el Gobierno todavía no ha dado instrucciones precisas a las comunidades autónomas y a los consistorios sobre el protocolo a seguir, sobre la financiación con que cuentan y los recursos personales y materiales de que dispondrán con el calendario encima.

Por todo ello, los Ayuntamientos, han alertado también a la Seguridad Social de que necesitarán ayuda, ante el sobreesfuerzo exigido a los servicios sociales, que han tenido que sobrellevar la brecha digital y ha dificultado a las personas más vulnerables poder solicitar las prestaciones a las que tienen derecho,y que aún están pendientes de tramitar en su totalidad y que también corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para evitar el colapso, los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), han petido recursos para la formación de estos profesionales, materiales para llevarla a cabo e  instalaciones adecuadas. Por lo que todos se plantean por la vía de urgencia la contratación de interinos, que permitiría resolver el déficit actual de recursos humanos.

Los teléfonos de atención de servicios sociales están recibiendo más de 400 llamadas diarias con consultas sobre el ingreso mínimo vital.

Los ayuntamientos, a través de la FEMP, están buscando agilizar los trámites con el Gobierno para poder gestionar a tiempo el ingreso mínimo vital. No quieren acabar siendo señalados como responsables de los retrasos por los afectados que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad  y riesgo de exclusión social.