Ecologistas se querellan contra la Generalitat por no proteger a los perros de caza
En un comunicado remitido este miércoles por las entidades, aseguran que el Govern extendió privilegios al sector de la caza "sin ninguna justificación" con una reinterpretación de la normativa que consideran contraria a la Ley de Caza aprobada el 29 de abril de 2020 por el Parlament.
Perro de caza (EP)
Las entidades FAADA, Ecologistes en Acció de Catalunya, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, DEPANA , AVDA y Lex Ànima han presentado una denuncia contra la Dirección General de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Generalitat ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona por un presunto incumplimiento de la normativa que protege los perros de los cazadores.
En un comunicado remitido este miércoles por las entidades, aseguran que el Govern extendió privilegios al sector de la caza "sin ninguna justificación" con una reinterpretación de la normativa que consideran contraria a la Ley de Caza aprobada el 29 de abril de 2020 por el Parlament.
Los ecologistas entienden que esta reinterpretación de la normativa "no garantiza el bienestar de los animales".
En concreto, las instrucciones que se han enviado al cuerpo de agentes rurales permiten mantener a hasta 20 perros de más de ochos meses y a un número indeterminado de cachorros sin que tengan que inscribirse en el registro de núcleos zoológicos, lo que contradice, según los animalistas, la Orden del 28 de noviembre de 1988 de la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Este hecho, aseguran, provoca que no tengan la obligación de mantener unas condiciones sanitarias y ambientales mínimas y que no se puedan realizar controles de bienestar animal.
Además, se permite usar perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en las batidas, se adapta la interpretación de maltrato animal a los perros para la caza y se permite la amputación de orejas y colas "por motivos científicos o de manejo".
LEY 50/2020 DE 29 DE ABRIL
El origen de la polémica es la Ley 50/2020 de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
El colectivo de cazadores denunció que la ley se aprobó sin su consulta y anuncio una huelga indefinida.
Posteriormente, el departamento de Territorio y Sostenibilidad mantuvo varias reuniones con los cazadores, mientras que no atendió la petición de reunión de las entidades animalistas.
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