Empieza en junio un juicio histórico que podría cambiar la jurisprudencia sobre la alienación parental

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El 7 de junio empezará el juicio contra el Servicio de Menores de la Diputación de Bizcaia por arrebatar por la fuerza la hija de Irune Costanero por el ya prohibido Síndrome de Alienación Parental (SAP). La Audiencia provincial ha reservado tres días,  el 7, 8 y 9 de junio para este histórico proceso que puede marcar jurisprudencia por aplicar medidas prohibidas contra una mujer por el falso Síndrome de Alienación Parental.


Archivo - Una madre y su hijo empujan el carrito de un bebé en un parque de Madrid.

Madre e hijo caminando - Archivo Europa Press


Cuatro años después de que esta madre perdiera a su hija de entonces cinco años por decisión del servicio de menor de su provincia, se celebra este juicio tras la imputación por estos hechos contra el Diputado foral de Acción SocialSergio Murillo, y los responsables del servicio del menor de la institución foral, Maria Antonia Giner Cucarella, Jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia;  Consuelo Alonso Vergara, Jefa del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia; y  Maika Urutxurtu, trabajadora social del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia. 


El Síndrome de Alienación Parental conlleva supuestamente un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, hinca en la consciencia de los niños con tal de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Aunque este proceso se reconoce como una dinámica común entre algunas familias divorciadas, la existencia de este síndrome no ha sido aceptada por la OMS ni por las organizaciones internacionales más importantes. 


Como tampoco lo ha sido por Consuelo García de Cid Guerra --escritora, investigadora y presidenta de 'Desterradas Hijas de Eva'--, que explica que el caso de Irune no es un caso aislado: "Hay muchas Irunes. Se están llevando a niños y niñas de los propios domicilios, con patada policial a la puerta, y en muchas ocasiones sin orden judicial", afirma la escritora. Según ella, este sistema de actos contranaturales de separar madres de hijos se ha creado con la absoluta ignorancia de la opinión pública, lo que hace que las madres afectadas se enfrenten a un verdadero monstruo: "no solo se enfrentan al sistema en sí, sino también a la frase recurrente que mucha gente piensa cuando se plantea que una atrocidad así pueda estar pasando 'por algo será, algo habrá hecho'". 


García de Cid Guerra se vio personalmente afectada por denunciar esta práctica en el senado español en 2017 y por escribir el libro 'El desmadre de los servicios sociales': "me denunciaron por la vía penal y he estado tres años judicializada hasta salir absuelta", cuenta la escritora. Y añade: "Ni yo misma me podía creer lo que me estaba pasando por decir la verdad". 


El papel de los servicios sociales es fundamental.


La autora afirma que los servicios sociales "sostienen que este papel de 'roba-niños' es un mito que se ha extendido a lo largo de los años", pero esto no puede estar más lejos de la verdad."En los informes psicosociales que llevan a cabo, los resultados no tienen nada que ver con quién es la persona realmente", afirma García de Cid Guerra. "Se acusa a las madres de no saber elegir sus parejas, se las cuestiona por la longitud de su melena, por si los hijos que tiene son o no del mismo padre, de cómo tiene la casa, de qué estudia...". Pero esto pocas veces se lo preguntan a los padres. Cuando se trata de investigar a las madres, la frontera entre lo privado y lo íntimo se desvanece. 


Aunque García de Cid Guerra no pone en duda que esto a veces también les pasa a los padres, el Síndrome de Alienación Parental actúa fundamentalmente contra las mujeres, ya que aplica en los juzgados por la inclinación de pensamiento de determinados jueces contra la mujer". 


Este es también el caso de Sílvia Aquiles, una madre catalana que vio como el sistema judicial arrancaba a su hija de sus brazos. Pese a que la niña, menor de siete años, contó en una sesión con una psicóloga de la Unidad Funcional de Abusos a Menores (UFAM) que no tiene papá porque le ha hecho muchas cosas malas como "empujarme, pegar, tocarme la vulva y chafarme la cabeza", la jueza decidió mandarla a un centro de menores hasta que acepte vivir con su padre. 


El juicio contra el Servicio de Menores de la Diputación de Bizcaia puede suponer un antes y un después para las muchas madres que, como Irune y Sílvia, se han visto separadas de sus hijos. Las penas por estos delitos van desde los 5 años, 8 meses y 2 días de cárcel hasta los 15 años de inhabilitación . Además, la Diputación de Bizkaia, por esta querella, se ha visto obligada a depositar en el juzgado de forma solidaria 600.000€.




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