El Síndic de Greuges estudia el cambio de criterios del Govern en la aplicación de la Ley Mordaza

El Síndic de Greuges se ha dirigido a la Dirección General de la Policía / @EP

El Síndic de Greuges estudia de oficio el cambio de criterios de la Conselleria de Interior en la aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

En un comunicado este jueves, han explicado que ha tenido conocimiento a través de los medios que la Conselleria cambiará los criterios en la aplicación de dicha ley, avalándose en un informe jurídico interno que contiene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional.

Han explicado que la Conselleria no sancionará a los manifestantes que protesten pacíficamente ni a los periodistas que informen de estas movilizaciones, y que para garantizarlo, los Mossos levantarán acta, pero el proceso de instrucción dependerá de la Dirección General de Administración de Seguridad, que no forma parte de la estructura interna de la policía catalana.

"De esta forma, el proceso de denuncia y el de instrucción de los expedientes se separan y tienen una dependencia orgánica diferenciada", han explicado.

Para conocer los cambios, el Síndic de Greuges se ha dirigido a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de Administración de Seguridad, y les ha pedido que aporten el informe jurídico de la Conselleria que da fundamento jurídico a este cambio, y que informen sobre cómo está previsto adaptar la estructura de este órgano, entre otras.

En varias reuniones con la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, el Síndic de Greuges le trasladó "su preocupación por la precariedad democrática al Estado durante los últimos años", especialmente en relación con dicha ley.

Asimismo, el Síndic de Greuges ha criticado que la Ley Mordaza implanta un modelo de control administrativo que prioriza la presunción de veracidad de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado ante la presunción de inocencia, con una redacción "imprecisa que permite un excesivo margen de actuación al poder ejecutivo en la restricción de las libertades individuales".