Vox inicia su asalto a la democracia desde Castilla y León: el fin de las autonomías y de la violencia de género

Vox ha conseguido entrar en el Gobierno de Castilla y León de la mano del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y con ello ha marcado un hito histórico: es la primera vez desde la muerte de Francisco Franco que la ultraderecha vuelve a entrar en las instituciones españolas. Una ultraderecha nueva, pero alineada con los principios de un pasado al que no quieren renunciar.

Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León @ep

Y para asombro de todos, pronto han mostrado sus verdaderas intenciones. El partido de Santiago Abascal, que sigue cautivando cada vez a más votantes con su defensa de la Constitución y de España, ha dado un giro de guion solo llegar al poder, recordando el propósito principal de su existencia: "Nuestro objetivo político fundacional es, cuando tengamos la mayoría suficiente, en primer lugar, la evolución de competencias como Sanidad, Educación y Justicia al Estado central, para después derogar el título octavo de la Constitución Española", ha afirmado en el Parlamento de Castilla y León Juan García-Gallardo, el actual vicepresidente de la Junta y miembro de Vox. 

De este modo, el partido de ultraderecha recuerda que si llega a Moncloa su principal objetivo será eliminar uno de los principales consensos que permitieron construir la democracia española: el Estado de las Autonomías. Y lo anuncia desde el estrado de un Parlamento autonómico un vicepresidente colocado a modo de 'florero', que no se encargará de ninguna consejería pero que cobrará 101.555,28 euros brutos al año procedentes de una institución que afirma querer eliminar.

Ante las intenciones de Vox solo queda un PP que, bajo el mandato de Feijóo, ha asumido que - a diferencia de sus socios europeos- deberá pactar con la ultraderecha y por tanto, asumir sus tesis. De momento, las principales voces del Popular no han condenado las declaraciones de García-Gallardo, ni sus intenciones de acabar con el esqueleto de la democracia española y con la misma Constitución. Feijóo ha dado unas instrucciones claras a sus filas: repetir que son "constitucionalistas" e ir incorporando, poco a poco, cada una de las tesis de Vox, en un intento desesperado de no perder más votantes tras el 'vía crucis' de Pablo Casado. ´

CAMINO HACIA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Así, los populares han asumido una de las principales tesis de sus compañeros y que rompe otro de los mayores consensos de este país: la lucha contra la violencia de género. Mañueco ha prometido a Vox aprobar una Ley de Violencia Intrafamiliar, una legislación estéril que convivirá con la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y cuya existencia se justifica por la necesidad que tiene el partido de Abascal de minimizar la lucha contra esta lacra social. 

A partir de ahora, en Castilla y León la violencia de género será intrafamiliar. Es decir, se dejará de reconocer que las mujeres sufren una violencia institucional y estructural por el simple hecho de serlo, y se equiparará con cualquier tipo de agresión dentro del ámbito familiar.  Entendiendo la gravedad de lo aceptado en el acuerdo de investidura, Mañueco ha salido del paso afirmando  "alto y claro"  que su Ejecutiva no va a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. "Ni mucho menos", ha zanjado.

Dicho esto, ha reafirmado que su futuro Gobierno va a elevar a rango de ley el actual Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar a través de la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar para proteger"a todas las víctimas", comprando el discurso de sus compañeros de Gobierno y, otra vez, minimizando la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. 

Quien habla más claro, y sin dobleces, es el vicepresidente García-Gallardo , que se muestra orgulloso de aprobar una ley "para proteger por igual a las víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo de la víctima". Sin embargo, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece que el sexo y el género sí importan: el 85,8% de las víctimas mortales a manos de su pareja o expareja entre 2016 y 2018 fueron mujeres.