Ada Colau y sus métodos de disuasión acaban en los Juzgados/ @EP

La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra , Ada Colau, por presuntos  delitos de coacciones y prevaricación administrativa y donde la parte querellante es el fondo de inversión Vauras Investment. 

En 2020  Vauras se querelló contra Colau y otros tres cargos municipales de Barcelona en Comú por la okupación de ocho viviendas conocidas como Bloc Llavors, propiedad del fondo de inversión. Vauras afirmaba entonces que los desahucios se habían suspendido hasta cuatro veces, por la violencia del movimiento okupa "con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona" e interpuso ouna querella por coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones contra la alcaldesa de Barcelona, Colau, el  concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, la concejala de vivienda,  Lucía Martín y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá. 

Esta primera querella  fue archivada el 27 de noviembre de ese mismo 2020 por el Juzgado de Instrucción número 38 de Barcelona, aunque ahora ha sido  revocada parcialmente por la Audiencia Provincial, que ordena admitir a trámite la querella en lo que hace referencia al delito de coacciones y al delito de prevaricación administrativa, según el fallo del  pasado 22 de abril de 2022.

El delito de coacciones o la coacción es un delito contra la libertad individual que consiste en utilizar la violencia para impedir a una persona que haga algo que no está prohibido por la ley o para obligarle a hacer algo que no quiere, sea justo o injusto.

Mientras que la prevaricación es un delito contra la Administración por el que una autoridad, un juez o un funcionario público realizan una conducta injusta y contraria a la ley en el ejercicio de su cargo a sabiendas de su injusticia.

EL AYUNTAMIENTO REQUIRIÓ A VAURAS QUE OFRECIERA ALQUILER SOCIAL A LAS FAMILIAS DEL BLOQUE OKUPADO

El Ayuntamiento de Barcelona pidió al fondo de inversión Vauras Investment, propietario del bloque Llavors del Poble-sec  que debía en cumplimiento del Decreto Ley 17/2019 de la Generalitat que debía ofrecer un  alquiler social a las seis familias que iban a ser desalojadas del mencionado bloque y que en caso que no lo hiciera ejecutaria  "multas coercitivas con posible expropiación forzosa y sanciones si concurre infracción". Dado que Vuras tiene  la consideración de gran tenedor de vivienda  y cumplía  las circunstancias para habilitar al ayuntamiento a requerirle que ofrezca alquiler social.