Las mordidas sospechosas de la Agencia Catalana del Agua

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Aca


La Agencia Catalana del Agua sigue bajo el punto de mira de la Fiscalía y tiene dos frentes abiertos ante los Juzgados de Barcelona: el desvío de varios millones de euros a empresas de Joan Lluís Quer, un antiguo directivo que luego volvió a la Generalitat; y el presunto desvío de fondos a empresas familiares de otro directivo, Xavier Latorre, que se pudo haber embolsado más de 165.000 euros en mordidas.


Para este último, el fiscal pide siete años de prisión (cinco por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil), así como inhabilitación especial por ocho años por prevaricación y diversas multas que ascienden a 90.000 euros. Para otros dos empresarios piden también siete años a cada uno por los mismos delitos, pero doblan las multas: deberán pagar 180.000 euros por cabeza. Y, por último, para la hija del funcionario, cuatro años de prisión (dos por cohecho pasivo y dos por falsedad en documento mercantil) y multas que ascienden a 27.000 euros. 


ASÍ COBRABAN LAS MORDIDAS


En una inspección de Hacienda en Gambit, se descubrió un documento en el que se especificaba: “Hay que retribuir a Xavier Latorre del ACA por su intervención en el torrent de Can Rocamora (Mas Rampinyo) por un importe total de 165.500 euros de los que nos corresponden 82.500 a nosotros. Pactamos que pagaremos ahora 22.500 mediante facturas en diciembre, otra parte el año que viene y otra parte el año 2012”.


Este documento provocó la apertura de una investigación que terminó descubriendo toda una trama societaria para cobrar mordidas a cambio de beneficios en las adjudicaciones públicas de la Agencia. En la investigación también se acusó a los empresarios Andrés Puigfel, propietario del grupo empresarial Puigfel; a Luis Marsá, administador único de Inmobiliaria Can Clos y responsable del grupo empresarial La Llave de Oro (donde se integran también las sociedades Gambit y Tres Torres); y Belén Latorre, hija del directivo y representante de la compañía Fase Arequipa, a través de la que se cobraron los presuntos sobornos.


Pero, ¿cómo funcionaban? Para la Fiscalía, Latorre firmó una resolución autorizando obras por un presupuesto de 1,8 millones de euros, cuando las obras costaban casi cuatro. Así, según publica El Confidencial, el fiscal sostiene que “no respondió a su obligación de servir con objetividad a los intereses generales, ni resultó imparcial, sino que iba encaminada a beneficiar caprichosamente a la Junta de Compensación en la que se integraban las mercantiles controladas por los también acusados Andrés Puigfel y Luis Marsá. Para ello, Latorre dio por buenas las obras con un presupuesto injustificadamente reducido, determinando así que su superior dictara una resolución objetivamente arbitraria sin ser consciente de ello”. La decisión, añade el texto, “no respondió a necesidades objetivas y acreditadas que fundadamente condujeran a la misma, sino al mero deseo personal,motivado por su ánimo de lucro”.


EL CONTRATO SOSPECHOSO CON SUS HIJOS 


Para poder cobrar el dinero, Latorre hizo que una empresa en la que participaban sus cuatro hijos, Fase Arequipa, realizara facturas a las compañías constructoras beneficiadas. Además, según añaden los fiscales "no respondieron a servicios reales, sino que fueron mera apariencia documental con la que enmascarar las ilícitas dádivas satisfechas al funcionario acusado". 

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