Una juez ordena localizar al ultraderechista Vito Quiles por eludir la justicia

La jueza del Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla ha ordenado la detención de Vito Quiles, jefe de prensa del político de extrema derecha Alvise Pérez. Esta medida se tomó debido a la imposibilidad de localizar a Quiles en el marco de una investigación por una querella presentada en su contra por Rubén Sánchez García, portavoz de la asociación de consumidores Facua, por presuntas calumnias​.

La querella, interpuesta en octubre de 2022, acusa a Quiles de realizar comentarios en redes sociales donde implicaba a Sánchez en actividades delictivas como extorsiones, estafas y amenazas de muerte, además de insinuar relaciones entre Facua y una supuesta trama de menores abusadas en la Comunidad Valenciana y Baleares.

La jueza señaló que Quiles no ha sido localizado en ningún domicilio conocido ni se ha podido contactar con él telefónicamente, lo que sugiere que podría estar eludiendo la acción de la justicia. Por ello, ha decretado su detención y presentación ante el juzgado.

Comunicado contra Quiles

En paralelo, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han manifestado su rechazo a que personas vinculadas a partidos políticos, como Quiles, ejerzan de periodistas en espacios parlamentarios. Argumentan que esta práctica es contraria a la ética profesional y solicitan que se le retire la acreditación como periodista parlamentario​.

"La Asociación de Periodistas Parlamentarios quiere mostrar su preocupación y rechazo ante la actitud que desde hace meses mantienen determinados periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados y que, a través de sus medios y cuentas en redes sociales, señalan y lanzan acusaciones falsas sobre el trabajo realizado por el resto de la prensa y profesionales de la información", rezaba un comunicado lanzado hace varios meses. 

Este caso subraya la creciente tensión entre ciertos sectores políticos y medios de comunicación, especialmente en contextos donde la ética periodística y la imparcialidad se ven comprometidas. El entorno político y judicial se encuentra cada vez más polarizado, con figuras públicas utilizando plataformas digitales para influir y, a veces, desinformar, lo que plantea desafíos significativos para la justicia y la regulación de la información.