Las cámaras catalanas piden diálogo al Govern para redactar una ley de cámaras "consensuada"

El Consejo General de Cámaras ha reclamado diálogo a la Conselleria de Empresa de la Generalitat para redactar una ley de cámaras que se "consensuada y ajustada a la realidad económica, empresarial y territorial" de Catalunya.

El comité ejecutivo y el consejo de presidentes del Consejo General de Cámaras de Catalunya se han reunido este lunes para analizar el anteproyecto de ley de cámaras del Govern, y han considerado que no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial catalán ni las diferentes realidades territoriales y camerales de Catalunya, ha informado en un comunicado.

Los presidentes de las 13 cámaras catalanas han lamentado que la propuesta del Govern sustituye el Consejo General de Cámaras como el órgano de coordinación cameral por la Cámara General de Catalunya, en la que consideran que las cámaras tienen un papel "meramente testimonial" y les otorga un mismo peso independientemente del número de empresas que representan.

Asimismo, aseguran que hace desaparecer la capacidad de las cámaras de aportar el punto de vista territorial en las propuestas y actuaciones conjuntas del sistema cameral catalán.

Así, reprochan que la Cámara General de Catalunya "parece un ente llamado a convertir las cámaras en delegaciones que ejecuten sus instrucciones sin tener capacidad real de influencia".

Aseguran que la Cámara General de Catalunya tendrá una composición mayoritariamente ajena a las propias cámaras, y que competirá con las cámaras para la captación de empresas y en la formulación de candidaturas al pleno por ser el ente de relación con la administración.

FALTA DE FINANCIACIÓN

Alertan de que la financiación de las cámaras, como corporaciones de derecho público, se fía a la venta de servicios, a las aportaciones voluntarias de las empresas y a los ingresos derivados de convenios privados o con las administraciones públicas.

Lamentan que en ningún caso se contempla la financiación de los gastos estructurales derivados del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la propia ley, ni se define un mecanismo permanente de financiación que pueda dar cobertura a las actividades no de mercado de las cámaras, como el ejercicio de la representatividad --que aseguran que sí que se financia en otras organizaciones privadas de forma regular-- o el ejercicio de la función consultiva.

Asimismo, critican que el anteproyecto no aporta ninguna mejora destacable para las cámaras catalanas, ya que no plantea mejoras en el aspecto de ingresos respeto a la ley básica y no traspone todas las funciones que las comunidades autónomas pueden trasponer, siendo el desarrollo autonómico de la ley básica con menos funciones después de La Rioja.

Destacan "como tema especialmente grave" que no se trasponen las funciones relativas a la formación excepto de la que tiene carácter básico, ni las relativas a la capacidad de comprobación y verificación, que aseguran que podrían ser una fuente importante de ingresos a partir de la colaboración con las administraciones.