Es frecuente oír comentarios de la gente, dentro y fuera del país, acerca de la dificultad para comprender lo que está pasando en Venezuela. Especialmente para comprender cómo un gobierno que tiene en contra a más del 80 % del pueblo; que está marcado por una historia de corrupción obscena y de apoyo al narcotráfico; con un talante autoritario cercano a lo dictatorial; que ejerce una represión excesiva; que condecora y asciende de rango a oficiales imputados por delitos de lesa humanidad y abuso de poder; que ha mostrado una incompetencia genética para enfrentar y resolver los agobiantes problemas económicos y sociales que venimos padeciendo desde hace ya bastante tiempo, todavía se mantiene en el poder y actúa como si “aquí no pasa nada”.
No se trata del debate izquierdas o derechas, ni tampoco de socialismo o capitalismo. De lo que se trata es, parafraseando a un gran intelectual venezolano, que …”No estamos lidiando con pensamiento político sino con mazamorra ideológica. No enfrentamos un proyecto de país alternativo sino la furia babosa de odio y frustraciones personales. No se trata de interactuar políticamente con formaciones antagonistas, gente que piensa distinto, sino lidiar con patologías psicopolíticas irrecuperables”.
Y allí está el detalle. No hay manera de interactuar, desde la racionalidad, con portadores de una psico-patología. Por eso es tan difícil entender.
Mientras tanto, la mayoría de la sociedad venezolana ha entendido que “no hay vuelta atrás”, que hemos llegado a un punto en el cual nos jugamos el presente y el futuro. El asunto es, entonces, “todo o nada”.
Desde allí es posible entender por qué, luego de 96 días de protesta, con más de 90 personas asesinadas, la gente sigue en la calle y no hay indicadores de que eso vaya a cambiar; por el contrario lo que se nota es una radicalización de la protesta y una diversificación de las acciones.
A ellas, el gobierno sigue respondiendo con más agresividad. El asalto a la sede de la Asamblea Nacional el 5 de julio pasado, perpetrado por bandas paramilitares oficiales, con el secuestro de sus diputados por más de 7 horas y que dejó un saldo de 12 diputados y trabajadores heridos, unido a las amenazas y acciones penales contra la Fiscal General de la República, por parte del TSJ, son perlas del mismo collar.
Por su parte, el gobierno se siente y actúa, como si estuviera blindado, protegido por las deidades, sin advertir las consecuencias de sus acciones, pues según parece la Ley Universal de Causa y Efecto será también derogada por la Asamblea Constituyente.
Otro día vendrá y veremos.
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