La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA para Odebrecht

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Odebrecht


La juez andorrana Canòlic Mingorance ha encausado trece empleados de la antigua Banca Privada de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero que provendrían de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht tenía organizada para conseguir contratos de obras públicas millonarias en América Latina , según el diario de Andorra.


Juan Pablo Miquel, Santiago de Rosselló, Luis Pablo Laplana, Isabel Sarmiento, Jaume Pàmies, Javier Díaz, Francisco Javier Pérez, Xavier Campos, Dolores Alaminos, Juan Cejudo, Cristina Lozano, Mercedes Araujo y Andrés Sanguinetti "estarían vinculados de manera directa o indirecta con la trama de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht ", según consta en la providencia de la jueza del 28 de abril. En la misma figuran dieciséis personas más inculpadas por el motivo, que se amplía a diecinueve en una nueva providencia de mediados de mayo.


Rodrigo Duran, ex abogado de la constructora y testigo protegido por la justicia española, figura entre los inculpados, junto al testaferro Marcelo Endara y el ex ministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera. Los tres están relacionados en una operación de soborno.


La juez Mingorance y el fiscal Alfonso Alberca tomaron declaración el 15 de junio, por espacio de una hora y media, a Duran, que ratificó todo lo que había declarado a la justicia española sobre la implicación de BPA en todo el asunto . Según el abogado, Banca Privada de Andorra estaba en medio de todo el entramado de sobornos que se pagaban a todos los países a través de cuentas abiertas en la entidad mencionada.


La trama urdida por la constructora consistía en hacer que los implicados crearan sociedades para que se hicieran los pagos entre ellos a través de testaferros. Por su parte, el banco cobraba sus comisiones correspondientes de cada una de las operaciones a través de la propia empresa BPA Servicios, desde donde hacía pagos a los empleados, según declaró el abogado.


OPERACIÓN PERNAMBUCO '


La causa abierta por la Alcaldía de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero contra Marcelo Odebrecht se conoce en Andorra como operación Pernambuco, y comienza a instruirse a raíz del análisis de las cuentas y de operaciones sospechosas realizadas a través de BPA y vinculadas, de manera directa, a la trama de corrupción que la empresa constructora brasileña Odebrecht tenía institucionalizada en todo el continente.


El número de personas inculpadas ha ido aumentando a medida que avanza la investigación, y actualmente superan la treintena. En consecuencia, la juez Mingorance ha pedido los exhortos correspondientes a los países donde hay personas implicadas.


Del mismo modo, se está investigando unas sesenta empresas que supuestamente estarían implicadas en el blanqueo de dinero de los pagos que hacía el grupo Odebrecht mediante BPA. La causa recoge que BPA Servicios como filial de BPA "interviene activamente en numerosas operativas constituyendo sociedades interpuestas en jurisdicciones off-shore con el fin de ocultar el verdadero beneficiario".


Las sospechas de la jueza, que ya hizo explícitas del año pasado, se vieron afianzadas por las declaraciones del abogado Rodrigo Duran, que también incidió en el entramado de cuentas que posibilitaban el blanqueo de capitales.


La vinculación con la denominada caja B de BPA es, en estos momentos, la última variable que rodea la operación Pernambuco. Unos de los implicados en el asunto, según la declaración del antiguo abogado de la constructora, es el empleado de BPA en Uruguay Andrés Sanguinetti, que sale a la lista de los pagos que se hicieron a través de la sociedad panameña Landstreet. Recibió 313.017,13 euros. La Alcaldía andorrana sospecha que Landstreet servía para recompensar algunos empleados.


MIQUEL RATIFICA LAS AMENAZAS DE LA POLICÍA PATRIÓTICA


Juan Pablo Miquel compareció ayer ante el juez Manuel Santolària, que le tomó declaración en relación a la querella que presentó contra cuatro altos cargos de la policía española por un presunto delito de coacciones y amenazas.


El ex-director general de BPA, en libertad desde el viernes, ha ratificado en las cerca de dos horas que ha durado la comparecencia, que fue víctima de la llamada operación Cataluña destinada a desprestigiar a los líderes del movimiento soberanista catalán. La "policía patriótica" exigió, explicó Miquel, información confidencial bajo la amenaza de que en caso de no satisfacer sus demandas acabarían con BPA.


En una reunión el 6 de junio en el hotel Villamagna de Madrid entre Miguel y el ex jefe de asuntos internos de la policía española, Marcelino Martín Blas, se entregan los datos del conocido como 'pantallazo', con la información de las cuentas de BPA de Marta Ferrusola y cinco de sus hijos, y comienza la colaboración. La querella contra Martín Blas; el ex número dos de la policía, Eugenio Pino; y contra los exagregats de Interior de la embajada española en Andorra, Celestino Barroso y Bonifacio Díaz.


La causa de que la jueza Mingorance abrió y derivar a raíz de las declaraciones de Higini Cierco agosto del año pasado tiene tres actores. El mismo Cierco y el Instituto de Derechos Humanos del país contra las mismas personas. Pero el primero que presentó la demanda por amenazas y coacciones fue la defensa de la familia Pujol, el pasado septiembre, contra Martín Blas, Barroso y toda persona desconocida. Posteriormente incluyó Díaz. En la declaración estuvieron presentes cuatro abogados y el fiscal.

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