El caso INIPRO saltó a los medios el 9 de octubre de 2015 cuando se produjó el primer resgistro policial de la UDEF en el Ayuntamiento de Tarragona.  Posteriormente el 4 de mayo de 2016 se produjeron registros en los Ayuntamientos de Viladecans y en el de Palau-Solità i Plegamans. Desde entonces han pasado 7 años de instrucción .El caso INIPRO que revolucionó la tranquila vida municipal en el Ayuntamiento de Viladecans supuso la imputación del ex alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros aunque no ha tenido las mismas consecuencias políticas en el municipio del Baix Llobregat y su pieza abierta en un Juzgado de Gavà, tras muchas resistencias a instruirlo.

Cascada de dimisiones en el Ayuntamiento de Viladecans

La comisión de investigación política de entonces cabe recordar ahora que fué rebentada desde dentro por ERC y su portavoz Bárbara Lligadas actual alcaldable en aquellos y estos comicios de 2023 que la hizo estallar al filtrar interesadamente sus conclusiones de parte, que  no responsabilizaban ni políticamente al primer edil de Viladecans y que fué un acto de deslealtad al resto de fuerzas de la oposición que quedaron muy desconcertadas por este oportunismo político, sobre el cual tuvo que pedir disculpa la republicana a dos de los partidos políticos que más trabajaron en la misma, uno de los cuales fué el PP que tenía como concejal a José Padilla. 

Y todo pese a los esfuerzos de la entonces líder de C's, Carolina Torres, que aunque fue elegida por designación directa del Alcalde para presidir esa comisión, intentó por todos los medios posibles que la documentación solicitada estuviera a disposición de los diferentes partidos políticos de la oposición, algo que no se llegó a conseguir  del todo causando en el pleno municipal de conclusiones la unánime queja de dificultades de acceso a la información necesaria para hacer un ingente trabajo de estudio de porqué la Guardia Civil con su unidad UDEF había irrumpido en las dependencias del consistoiro viladecanense una mañana y se habia llevado detenido al primer teniente de alcalde socialista y secretario de la agrupación local, Joaquim Guerrero. 

Fue en el pleno de conclusiones final de esta tortuosa comisión política que duró 9 meses quién una unica concejala de la oposición la que pidió al alcalde de Viladecans la dimisión por responsabilidad política y en la hemeroteca de plenos puede facilmente saberse quién fué la que se atrevió a pedirle responsabilidades políticas por un caso cuyo secreto de sumario se ha desvelado hace poco.

Porque cabe recordar que en el seno de dicha comisión parece ser que a base de insistencia, se consiguió el consentimiento para que todos los partidos políticos pudieran acceder a la información municipal que se remontaba al año 1991 y hay quién si pudo encontrar “el origen de la prestación de servicios de INIPRO en el Ayuntamiento de Viladecans” que se inició según se relató públicamente en el pleno del mes de mayo de 2017, desde la misma constitución de INIPRO en 1990. Cabe recordar que fue nacer esta empresa, que no nació como tal y ligar sus creadores  su actividad al Ayuntamiento de Viladecans. Los que la crearon, algunos según la documentación en poder del Juez de Gavà, están misteriosamente ligados directamente al actual alcalde de Viladecans Carlos Ruiz por diferentes razones.

El Ayuntamiento de Viladecans  por eso es una suerte de cliente institucional para la mercantil sobre la que se ha construido una relación empresarial-institucional ininterrumpida desde entonces, por un periodo que dura más de 30 años hasta nuestros días. De esta incubadora profesional han salido figuras destacadas del consistorio ubicadas en diferentes áreas estratégicas locales algunas de las cuales se han incorporado en las listas electorales de estas municipales 2023 como Olga Morales. 

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