Villarejo ha estado en todos los charcos y supuestamente ayudó al PSOE y PRISA contra el ex juez Gómez de Liaño

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que existen indicios de que PRISA y el PSOE utilizaron al comisario en los 90 para espiar  al juez que asumió el procedimiento contra Sogecable, propiedad de Prisa, por quedarse con 138 millones de euros  de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus, según recoge un auto del pasado 8 de julio.

El dictamen, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, concluye que el magistrado que instruye el llamado caso Tándem, Manuel García-Castellón, debe efectuar diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales en las que habrían incurrido los implicados en este otro proyecto encubierto de Villarejo en delitos que ya habrían prescrito, pero cuya ejecución daría lugar a la acusación de pertenencia a organización criminal, así como a una hipotética imputación por un blanqueo de capitales que podría haberse extendido hasta la actualidad, según los magistrados de la Sala de lo Penal. 

El auto recuerda que en el sumario ya figuran documentos relacionados con Villarejo en los que este admite su supuesta implicación en un plan para investigar y desactivar al juez del caso Sogecable, Javier Gómez de Liaño, así como una relación de las personas que presuntamente le encomendaron esa misión en su supuesta participación en el pago de un soborno a un juez del Tribunal Supremo cercano al PSOE, Enrique Bacigalupo, para apartar del procedimiento a Gómez de Liaño mediante una condena por prevaricación, como finalmente ocurrió en 1999.
 

Los magistrados también mencionan que el propio Villarejo presentó en 2019 una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 45 de plaza de Castilla en que reconocía su supuesta vinculación con los hechos y aseguraba que en su vivienda de Boadilla, registrada por la Policía en noviembre de 2017, tenía escondidas grabaciones de los encuentros que mantuvo con dirigentes del PSOE y Prisa para perfilar la operación. 

El comisario aseguró en su escrito que se citó en varias ocasiones con el abogado Matías Cortés, con el también letrado Horacio Oliva y con el periodista y directivo de Prisa Antonio Navalón, así como con el político socialista Txiqui Benegas, que habría ejercido como enviado de Felipe González. El comisario añade en su denuncia que la trama habría realizado un primer pago de 200.000 dólares a Bacigalupo por la condena de Gómez de Liaño “desde una cuenta del Sr. Navalón en un banco de Zúrich”. Posteriormente, Bacigalupo, que al igual que Gómez de Liaño ejerce actualmente la abogacía, recibió supuestamente otros 170.000 dólares “desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas”. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal subraya la importancia de este testimonio autoinculpatorio y también la circunstancia de que, el pasado 14 de junio, Villarejo declaró ante el juez en la pieza principal de Tándem y “ratificó todos los extremos de su denuncia”. “De acuerdo con todo ello, el encargo que el investigado José Manuel Villarejo Pérez dice haber recibido parece constituir uno más de los proyectos de gestión de crisis encargados por clientes particulares cuando se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que ha ido dando lugar a la formación de múltiples piezas separadas de las presentes diligencias previas”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar los derechos de Gómez de Liaño porque afirma que no había tenido un juicio justo ni imparcial, ya que, los magistrados que le condenaron ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso Sogecable. 

 El antiguo juez solicitó en 2020  personarse en el procedimiento como uno de los perjudicados por los espionajes del comisario. Ahora la Sala de lo Penal ha corregido ahora al instructor del caso y le otorga la condición de perjudicado.