La expresidenta de la Comunidad de Madrid fue imputada por adjudicaciones bajo investigación al Grupo Cantoblanco, ya que ella presidía la mesa de contratación.
El criterio aplicado para apartar al magistrado José Ricardo de Prada del juicio de la 'caja B' del PP alterará el funcionamiento ordinario de este tribunal.
El juez Manuel García Castellón atiende la petición de la Fiscalía por la presunta participación de los arrestados en los delitos de tenencia de explosivos y organización terrorista.
Los siete detenidos, que llevan dos días en dependencias policiales, serán trasladados en furgón del Instituto Armado a la Audiencia Nacional, adonde llegarán en torno a las ocho de la mañana.
El Ministerio Público ha solicitado la que sería una tercera postergación de la causa espera de que se cierren dos comisones relacionadas con el caso: la de Andorra y la de Luxemburgo.
En la Audiencia Nacional Joan Manuel Parra ha concretado que se trataba de Triacom, y que los conceptos en las facturas se hicieron a programas como 'Fish and Chips' y 'El gran Dictat' por valor de más de 200.000 euros.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial reelige por unanimidad al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, que repetirá su mandato al frente de este órgano judicial durante los próximos cinco años.
El expresidente de la mayor adjudicataria de obra pública de la Generalitat, vuelve a comparecer el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción por unas diligencias derivadas de la causa del 3% centradas en adjudicaciones presuntamente irregulares.
La Inspección concluyó que Piqué había simulado a través de una sociedad (Kerard Project 2006) el traspaso de sus derechos de imagen con el objeto de pagar menos impuestos en junio de 2006.
Los acusados pedían trasladar la causa a Catalunya y alegaban que los delitos atribuidos al mayor de los Mossos d'Esquadra y sus jefes políticos no eran de su competencia.
"Alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a fundaciones ligadas a CDC"
El Ministerio Público hace evidente su queja en un escrito de 26 páginas, donde carga contra los magistrados para resaltar la "irracionalidad concreta de la argumentación absolutaria de la Sala"
