Exdirectivos de EMTE niegan beneficios por su relación con Jordi Pujol Ferrusola
Varios exdirectivos de la multinacional catalana EMTE rechazaron que la compañía obtuviera trato de favor por su vínculo con Jordi Pujol Ferrusola o por la presencia en su cúpula de Marcelino Oreja, hijo del exministro de UCD y exdiputado del PP. Los testigos insistieron en que la intermediación del hijo mayor del expresidente se limitó a negocios privados, especialmente en el ámbito internacional. Durante su declaración, Marcelino Oreja explicó que trabajó en EMTE entre 2004 y 2011 como director general de tecnología y sistemas, con responsabilidad sobre un proyecto en México.
La Audiencia Nacional celebró una nueva sesión del juicio por el denominado caso Pujol, centrada en las relaciones empresariales del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol. Varios exdirectivos de la multinacional catalana EMTE rechazaron que la compañía obtuviera trato de favor por su vínculo con Jordi Pujol Ferrusola o por la presencia en su cúpula de Marcelino Oreja, hijo del exministro de UCD y exdiputado del PP. Los testigos insistieron en que la intermediación del hijo mayor del expresidente se limitó a negocios privados, especialmente en el ámbito internacional.
Durante su declaración, Marcelino Oreja explicó que trabajó en EMTE entre 2004 y 2011 como director general de tecnología y sistemas, con responsabilidad sobre un proyecto en México. Según su versión, Pujol Ferrusola facilitó contactos locales, inversores y asesoramiento jurídico, lo que permitió a la compañía explorar oportunidades en el país. Aunque reconoció que no existían informes previos que documentaran esa labor, defendió que el empresario “conocía bien el mercado mexicano” y actuó con competencia profesional.
Otro exdirectivo, Joan Canela, coincidió en que la relación con Pujol Ferrusola fue “profesional y explicable”, y destacó la capacidad de Oreja como gestor. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que EMTE pagó 154.046 euros al hijo del expresidente entre marzo de 2008 y febrero de 2009 a través de la sociedad Project Marketing Cat (PMC).
Buena parte de la sesión se centró en proyectos inmobiliarios vinculados al empresario Alejandro Guerrero Kandler, también acusado. Los testigos describieron inversiones en Ibiza, L’Hospitalet de Llobregat y Vic, todas ellas de carácter privado y ajenas a decisiones administrativas. En estos proyectos, Pujol Ferrusola habría intervenido como intermediario en la búsqueda de inversores.
Un empresario que participó en el desarrollo del puerto de Ibiza explicó que la retribución al hijo del expresidente no consistió en la entrega de un inmueble, sino en una opción preferente de compra y en la posibilidad de obtener beneficios en el hotel Glòries de Barcelona. En el caso de la Torre Europa, en L’Hospitalet, varios testigos subrayaron que la operación se realizó con terrenos propiedad de FCC, sin relación con proyectos públicos de la zona.
Los testimonios coincidieron en que, durante los años de la burbuja inmobiliaria, era habitual cerrar acuerdos mediante contratos verbales cuando existía confianza entre las partes, con comisiones que oscilaban entre el 2% y el 5%.
Movimientos financieros y cuentas en Andorra
Una trabajadora del área financiera de Guerrero negó que el empresario realizara donaciones políticas o mantuviera cuentas en el extranjero. Aseguró que las retribuciones a Pujol Ferrusola se documentaban adecuadamente, ya fuera mediante facturas, participaciones en beneficios u otros mecanismos. Tras mostrarle varias facturas, confirmó su autenticidad y rechazó que estuvieran duplicadas.
También declararon titulares de cuentas en Andorra que registraron movimientos vinculados a Pujol Ferrusola sin conocerlo personalmente. Otros testigos previstos, como Ramon Gironès y Laura Vila, se acogieron a su derecho a no declarar por su relación familiar con los acusados.
La sesión de este martes se perfila como una de las más relevantes del juicio. Están citados antiguos altos mandos policiales vinculados a la denominada policía patriótica, estructura señalada por supuestas operaciones parapoliciales contra dirigentes independentistas.
Entre los comparecientes figuran Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional; José Manuel Villarejo, comisario jubilado implicado en múltiples causas; y los inspectores jefes Bonifacio Díez y Celestino Barroso, este último investigado en Andorra por presuntas presiones a directivos del banco BPA. Cerrará la jornada Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos, enfrentado históricamente a Villarejo y que ha denunciado haber sido represaliado por oponerse a determinadas investigaciones.
La evolución del juicio seguirá marcada por la valoración judicial de estos testimonios y por la reconstrucción de las relaciones empresariales y financieras de la familia Pujol durante las últimas décadas.
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