Junts pide suprimir la Audiencia Nacional y crear una justicia catalana propia

Junts ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de ley para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, entre las que destaca la propuesta de cerrar “definitivamente” la Audiencia Nacional por considerar que representa “una excepcionalidad represiva inaceptable en una democracia moderna”.

Según el partido de Carles Puigdemont, este tribunal es heredero del Tribunal de Orden Público franquista y vulnera principios fundamentales como el del juez predeterminado por la ley. Por ello, proponen suprimirlo y redistribuir sus competencias entre otros órganos judiciales ordinarios mediante un régimen de transición que garantice la continuidad de los procedimientos: “Es hora de cerrar definitivamente una institución como la Audiencia Nacional”, ha defendido el diputado Josep Pagès, quien ha recordado que este órgano “posee elementos propios de un tribunal de excepción”.

Un Consejo de Justicia catalán

Entre las propuestas más ambiciosas de Junts figura la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, inspirado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con competencias para gestionar los nombramientos de jueces y garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial en la comunidad.

Según el partido independentista, se trataría de desarrollar una previsión ya recogida en el Estatut de Autonomía de Cataluña, pero nunca aplicada. Este órgano permitiría, en su opinión, avanzar en “la independencia, la imparcialidad, la despolitización y la profesionalización de la justicia”, así como “ganar terreno al Estado”.

Contra la impunidad judicial y por el catalán en la justicia

Otra enmienda relevante plantea una reforma del régimen de responsabilidad penal de jueces y magistrados, con el objetivo de acabar con el “corporativismo judicial” mediante la selección por sorteo de los tribunales encargados de juzgar casos contra miembros de la judicatura.

También se propone limitar la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, ajustándola a la normativa europea, de forma que sus resoluciones puedan ser recurridas ante órganos judiciales independientes.

En el ámbito lingüístico, Junts propone que el conocimiento del catalán sea un requisito legal para jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña, tal y como ampara la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Asimismo, prevén establecer una cuota de catalanohablantes en la Administración de Justicia, con el objetivo de promover el uso de la lengua y arraigar el sistema judicial al contexto territorial.