Justicia
El proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona tenía carácter universal y contemplaba precios entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado
En este juicio, que iniciará el martes a las 10.00 horas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Asociación de Policía Municipal Unificada --que ejerce la acusación popular en la causa-- piden para Gómez Iglesias la pena de seis años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas.
80 personas perdieron la vida en el siniestro, que dejó 145 heridos. Casi una década después de aquella terrible jornada, Compostela acoge el juicio en el que se juzga al maquinista del convoy, Francisco Garzón, y a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad de Adif, a los que la justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.
La próxima reunión será el 5 de octubre
Las titulares de Justicia y Derechos Sociales, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, explicaron que la Generalitat modificará artículos de la ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la Vivienda y el libro V del Código Civil catalán para "facilitar" desalojos en ocupaciones con actividad delincuencial
La apertura del año judicial 2022-2023 se celebrará el próximo miércoles 7 de septiembre
En Cataluña, durante el año 2021, cerca de 5.000 personas pasaron por un proceso legal de este tipo
Avisa que esto no puede ser "moneda de cambio" para seguir en Moncloa y que el PP, si gana, "revertirá" lo que suponga romper la igualdad
Esta guía pretende reforzar la profesionalidad y la credibilidad de la mediación en todo el mundo
El hombre será juzgado el jueves 30 de junio.
Desde la plataforma 'Salvem Can Sellarès' se congratula poder llevar esta transformación del aparque por la vía judicial y ha querido dar las gracias a todos los que han ayudado y puesto su grano de arena para poder judicializar esta causa
El Tribunal Supremo (TS) ha archivado las querellas presentadas por la Generalitat y Junts contra el expresidente del PP Pablo Casado por presuntos delitos de injurias, calumnias e incitación al odio, en base a sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, al considerar que la sede judicial ha perdido la competencia porque Casado ya no es aforado.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, lo ha afirmado este domingo en una entrevista para 'El Periódico'
La entidad vecinal Airenet última el escrito para personarse en la causa contra la incineradora de residuos de Sant Adrià gestionada por Tersa, empresa que preside Eloi Badia. Pero además Badia será investigado por favorecer la cesión de un local ‘okupado’tras la denuncia de una comunidad de vecinos de Gracia.
"Un español luche como voluntario en otro país no es delito, salvo que ese estado haya sido considerado organización criminal y terrorista, como ocurrió en el caso de Siria", explican fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.
Luchar en Ucrania ahora mismo no es delito, indica el Ministerio de Justicia tras la llegada de voluntarios españoles
En la última fase, la que se denomina en el léxico parlamentario la de la “lista corta”, se han de convocar los preseleccionados para una comparecencia personal para que se les puedan formular preguntas y se indague por las circunstancias pertinentes para que todos los ciudadanos, a través de los parlamentarios, puedan tener conocimiento de su alta cualificación para desempeñar el cargo de magistrados del TC. Estas son las condiciones mínimas para elegir con transparencia a los mejores y a los más idóneos para la ejercer la sagrada función de garantizar el respecto a la constitución por todos los demás poderes del Estado -incluido el poder legislativo-, con independencia y neutralidad.Lejos de obrar de este modo, dos personajes que trabajan entre las oscuras bambalinas de las cúpulas de los dos partidos políticos mayoritarios, se han repartido con nocturnidad los puestos vacantes del TC para que sean ocupados por personas afines a los intereses de sus respectivas organizaciones políticas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y Plena Inclusión España han ratificado este jueves el acuerdo para cuatro años.
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