Justicia desbordada: La Audiencia advierte que no puede garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en juicios civiles
La audiencia de Barcelona acusa una sobrecarga de 31.000 expedientes pendientes en las secciones civiles, el triple de su capacidad
La Audiencia de Barcelona cierra 2024 con récord de expedientes y alerta por colapso en lo civil
El presidente Antonio Recio advierte que, sin refuerzos, se tardarán tres años en recuperar el retraso acumulado en las secciones civiles.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha lanzado una señal de alarma ante la sobreocupación judicial estructural, especialmente en el ámbito civil. Según la memoria judicial presentada este jueves por su presidente, Antonio Recio, el colapso afecta ya a la capacidad básica del sistema para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
“Si no se refuerzan de forma inmediata las secciones civiles, tardaremos tres años en ponernos al día aunque no entrara ni un solo recurso más”, advirtió Recio, al detallar que el número de asuntos pendientes en estas secciones alcanzará los 31.000 expedientes a finales de 2025, el triple de su capacidad anual de resolución. Lo que implica que, si se quisiera acabar con todos esos expedientes pendientes de cubrir, harían falta tres años de trabajo constante sin que entrara ni un solo caso nuevo.
Escalada imparable en la jurisdicción civil
Las secciones civiles de la Audiencia ingresaron en 2024 un total de 22.673 asuntos, lo que supone un incremento del 34,5 % respecto a 2021. Aunque el esfuerzo de los magistrados permitió resolver 16.333 expedientes (un 21,6 % más que en 2021), la carga pendiente sigue disparándose: de 12.804 asuntos en trámite en 2021 se ha pasado a 29.751 en 2024, un crecimiento del 132 % en tres años.
Cada sección cuenta con cinco magistrados con capacidad para resolver 200 asuntos anuales por juez. Pero están recibiendo el doble de casos, lo que desborda por completo la capacidad de respuesta institucional. “El esfuerzo es extraordinario, pero ya no se puede incrementar más”, lamentó Recio.
En estos momentos, los magistrados están resolviendo casos por encima de lo esperado. Pues, de los 11.000 que debían haber resuelto, dejaron 16.000 concluidos.
Reclamaciones, alquileres, hipotecas… todo se retrasa
Recio recordó que la jurisdicción civil recoge todos los conflictos que no son delitos: desde impagos y conflictos contractuales hasta reclamaciones por alquileres, ocupaciones, herencias o cláusulas abusivas. "Aquellos inquilinos que han pagado y su arrendatario no les pone una vivienda digna no tendrán amparo judicial".
Actualmente, un procedimiento en juzgado de Primera Instancia tarda alrededor de dos años, y si se suma el paso por la Audiencia, la resolución final puede alargarse hasta los cinco años.
Sin espacio ni recursos para crecer
La Audiencia ha solicitado 16 nuevas plazas de magistrado en lo civil, lo que supondría un incremento del 40 % en su plantilla, pero el Ministerio de Justicia ha rechazado la petición —excepto una comisión transversal para casos de cláusulas abusivas—, todo ello, alegando una falta de recursos que se mantiene desde hace años.
Además, no hay espacio físico para ubicar más personal: el actual edificio no permite instalar más mesas ni ordenadores, y el nuevo inmueble proyectado desde 2009 aún no ha empezado sus obras. Se prevé que no estará listo antes de 2030. “Hace falta una solución provisional para poder trasladar las secciones civiles”, advirtió Recio, que lamenta que no haya espacio ni para salas compartidas.
Penal, violencia machista y lo social: cifras más contenidas, pero también en tensión
Aunque las secciones penales muestran una evolución más estable —de 22.085 asuntos ingresados en 2021 a 24.847 en 2024—, arrastran más de 6.400 expedientes en trámite, una cifra muy parecida a años anteriores. Recio solicitó igualmente la creación de la sección 23, especializada en violencia contra la mujer, que confía en que pueda ponerse en marcha en enero de 2026.
Desde octubre, además, todos los casos de violencia sexual pasarán a los juzgados de violencia de género, lo que generará un “incremento notable de carga de trabajo”. La provincia cuenta con 16 juzgados de violencia sobre la mujer, que han visto crecer su carga un 60 % desde 2021, hasta alcanzar los 6.910 asuntos en trámite. Un aumento que, por ahora, han sido capaces de asumir con solvencia, alcanzando el 79 % de la capacidad.
Por su parte, la jurisdicción social mantiene 10.775 expedientes en curso, un 33 % más que en 2020, lo que también sitúa a estos órganos en el umbral del colapso.
La carga judicial está disparada
El informe compara la carga efectiva por órgano con los módulos oficiales recomendados y el resultado es alarmante, con juzgados sobrepasados con más del doble de su capacidad:
| Órgano judicial | Carga efectiva | Módulo oficial | Capacidad (%) |
|---|---|---|---|
| Juzgados de Primera Instancia | 2.394 | 1.200 | 199,5 % |
| Juzgados mixtos (civil / penal) | 1.493 / 1.229 | 680 / 1.000 | 219,5 % / 122,9 % |
| Secciones civiles de la Audiencia (por juez) | 476 | 200 | 238 % |
El Tribunal Constitucional denuncia que se vulneran derechos
Recio citó al Tribunal Constitucional para advertir que esta situación constituye una vulneración del derecho fundamental a una justicia eficaz y en un plazo razonable.
Por eso, propuso un plan de choque urgente, con la creación de 140 nuevas plazas judiciales en la provincia de Barcelona como la prioridad máxima.
Recio asegura que, a pesar de la urgencia justificada de las peticiones, solo se prevé la creación de entre 60 y 70 nuevas unidades judiciales en toda Catalunya en los próximos años, muy lejos de las 140 que considera necesarias la Audiencia para la provincia de Barcelona en el próximo año. Sin embargo, la realidad es que para 2025 se prevén unas 25 plazas nuevas en toda la comunidad, de las cuales Barcelona podría recibir unas 15. Es decir, que se estará cubriendo solo el 10 % de lo que pide la Audiencia.
Se reclama refuerzo específico para partidos judiciales como Santa Coloma de Gramenet, Gavà, Manresa, Terrassa, Cornellà y Badalona, donde se concentran grandes bolsas de expedientes.
La Audiencia Provincial de Barcelona se enfrenta a un punto crítico. El volumen de casos civiles y el desfase entre recursos disponibles y carga real amenazan con paralizar el sistema y vulnerar derechos fundamentales. La solución requiere decisiones urgentes, presupuesto y voluntad política. Todo para garantizar que no se vulneren los derechos constitucionales de la ciudadanía.
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