Cuarto Cinturón: La Audiencia Nacional decidirá el futuro del tramo Terrassa-Castellar

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado trasladar a la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo presentado contra el convenio firmado entre el Estado y la Generalitat para impulsar el tramo del Cuarto Cinturón entre Terrassa y Castellar del Vallès. La decisión responde a una petición de la Abogacía del Estado, que cuestionó la competencia del alto tribunal catalán para juzgar un acuerdo en el que interviene un ministerio con atribuciones estatales.

Un conflicto competencial que desplaza el caso a Madrid

El procedimiento se inició a raíz del recurso promovido por la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), plataforma que desde hace décadas agrupa a entidades vecinales y ambientales contrarias a esta infraestructura viaria. El convenio impugnado establece la colaboración entre el Ministerio de Transportes y la Generalitat para desarrollar un nuevo tramo de la B‑40, una vía concebida para mejorar la conectividad transversal en el Vallès.

La Abogacía del Estado defendió que el TSJC no debía asumir el caso porque uno de los firmantes —el Ministerio de Transportes— actúa en el marco de competencias estatales. La Fiscalía respaldó esta interpretación, lo que llevó al tribunal catalán a estimar la petición y remitir el expediente a la Audiencia Nacional, órgano competente para revisar actos administrativos en los que intervienen autoridades del Estado.

La plataforma crítica la decisión y cuestiona la posición del TSJC

La CCQC, representada por la Asociación por la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ADENC), lamenta que el TSJC haya renunciado a juzgar el fondo del asunto. La entidad sostiene que el Ministerio de Transportes fundamenta el proyecto del Cuarto Cinturón en previsiones del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y del Plan Específico de Movilidad del Vallès, dos instrumentos de planificación de ámbito catalán sobre los que la Generalitat ejerce competencias exclusivas, tal como recoge el Estatuto de Autonomía.

Desde esta perspectiva, la plataforma considera que el TSJC, como máximo órgano judicial en Cataluña, debía asumir el litigio. En su valoración, la decisión de trasladar el caso a Madrid refleja una “debilidad institucional” y proyecta la imagen de un tribunal que actúa como una instancia subordinada en lugar de ejercer plenamente sus atribuciones territoriales.

Un proyecto históricamente controvertido

El Cuarto Cinturón —o B‑40— es una infraestructura largamente debatida en el Vallès. Concebida para descongestionar la red viaria metropolitana y mejorar la movilidad interurbana, ha generado oposición por su impacto territorial y ambiental. Las discrepancias entre administraciones, así como la falta de consenso político y social, han marcado su desarrollo desde los años noventa.

El tramo entre Terrassa y Castellar del Vallès forma parte de los segmentos pendientes de ejecución. Su avance depende de convenios de colaboración entre el Estado y la Generalitat, lo que ha situado el proyecto en un terreno donde confluyen competencias compartidas y sensibilidades locales.

Próximos pasos en el proceso judicial

Con el traslado del expediente, será la Audiencia Nacional quien determine la validez del convenio y, en última instancia, si el procedimiento administrativo seguido para impulsar el tramo del Cuarto Cinturón se ajusta al marco competencial vigente. El tribunal deberá analizar tanto la participación del Ministerio de Transportes como el encaje jurídico de los instrumentos de planificación territorial citados en el acuerdo.

La resolución que adopte la Audiencia Nacional marcará el futuro inmediato del proyecto y podría influir en la forma en que se articulan futuras colaboraciones entre administraciones en materia de infraestructuras estratégicas.