Dimite el número 2 de la Policía Nacional tras ser citado por un caso de agresión sexual

El Tribunal de Violencia sobre la Mujer de Madrid admite la denuncia de una agente contra el alto mando policial, que niega los hechos y deja el cargo mientras avanza la investigación

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El DAO de la Policía, José Ángel González - ep

 

La Plaza nº 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por una funcionaria de la Policía Nacional contra el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

Según el escrito judicial, el juzgado ha citado tanto a la denunciante como al investigado para declarar el próximo 17 de marzo de 2026 en Plaza de Castilla. La querella recoge el relato de un supuesto episodio ocurrido en abril, cuando la agente se encontraba de servicio. De acuerdo con su versión, habría recibido la orden de acudir a un restaurante donde se encontraba el alto mando, quien posteriormente le habría indicado trasladarlo a una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Allí, siempre según la denuncia, se habría producido la presunta agresión.

Investigación judicial en marcha

La denunciante sostiene que la actuación se produjo sin consentimiento y que posteriormente habría existido una supuesta campaña de presiones para evitar que denunciara los hechos. La querella incorpora, según la defensa de la víctima, registros de llamadas y mensajes, así como una grabación de audio que habría sido aportada al juzgado.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, califica los hechos como “muy graves” y reclama medidas de protección para su representada. La funcionaria se encuentra actualmente de baja médica por depresión, según su entorno legal.

Dimisión y reacción institucional

Fuentes cercanas al investigado señalan que José Ángel González ha comunicado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo —afirman— de no perjudicar la imagen del cuerpo mientras se esclarecen los hechos. Por el momento, el Ministerio del Interior está recabando información y no ha emitido una valoración pública.

La causa se encuentra en fase de instrucción y, como recuerda el procedimiento judicial, rige la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme.

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