Nuevo registro en el caso Koldo: La UCO irrumpe en las viviendas de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo registros simultáneos en las viviendas de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Estas operaciones de última hora, sacuden el caso Koldo, la trama que ya sacude los cimientos políticos.

Indicios "consistentes" y la mirada de la Audiencia Nacional

Estos registros se producen apenas una semana después de que el juez del Tribunal Supremo, encargado del caso Koldo, remitiera un oficio a la Audiencia Nacional. El magistrado instaba a valorar la investigación de los "indicios consistentemente" detectados contra Pardo de Vera y Herrero. La decisión sobre si serán imputados recae ahora en la Audiencia Nacional, al no gozar ninguno de la condición de aforado.El informe de la UCO es contundente: ambos habrían "podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones," asistencia al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García. Esta supuesta ayuda buscaba "que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término", facilitando información privilegiada o agilizando la licitación de proyectos, siempre bajo las directrices del ministro a través de su asesor.

La presunta "manipulación" de contratos bajo la lupa

La investigación dibuja un escenario de presunta "manipulación" de procesos de contratación, donde Koldo García "se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero". Un detalle clave que ha salido a la luz es una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020. En ella, Koldo García insiste a Pardo de Vera para lograr una adjudicación para la empresa LIC. Inicialmente, buscaba un contrato de mantenimiento, y ante la negativa, propuso que fuera de emergencia. La expresidenta de Adif, consciente de la situación, le recordó que LIC acababa de recibir una adjudicación de 700.000 euros, admitiendo que otra operación tan seguida "iba a cantar", pero "se comprometió", según los agentes, "a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora."