Jordi Pujol mantuvo una cuenta en Andorra durante su etapa como presidente catalán

El juicio en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol ha incorporado un elemento de alto impacto político e histórico: la existencia de una cuenta bancaria en Andorra a nombre del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol mientras ejercía el cargo durante los años noventa. La información fue expuesta durante la declaración de un inspector jefe especializado en investigación patrimonial, responsable del análisis financiero del entramado económico familiar.

El testimonio policial sitúa la apertura de la cuenta el 21 de septiembre de 1990, en pleno mandato institucional de Pujol. La documentación bancaria incorporada al procedimiento acredita que el titular formal era el entonces jefe del Ejecutivo catalán, mientras que la operativa quedaba en manos de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, autorizado como fiduciario para gestionar los fondos depositados.

Según la reconstrucción policial presentada ante el tribunal, la cuenta llegó a albergar más de 300 millones de pesetas, configurándose como un instrumento financiero independiente del resto de estructuras bancarias atribuidas al entorno familiar.

Una estructura financiera paralela al relato de la herencia

Durante años, la defensa pública del expresidente sostuvo que los fondos en el extranjero procedían de una supuesta herencia familiar atribuida a su padre, Florenci Pujol. Sin embargo, el análisis patrimonial expuesto en sede judicial cuestiona esa versión.

Los investigadores consideran que los movimientos detectados no guardan coherencia temporal ni operativa con un reparto hereditario, ya que las cuentas internacionales se abrieron décadas después del fallecimiento del supuesto causante y presentaban transferencias periódicas entre distintos miembros del núcleo familiar.

La investigación describe una estructura organizada de distribución de fondos, en la que varios hijos figuraban como beneficiarios y en la que también aparecía Marta Ferrusola. El control operativo recaía, según el informe policial, principalmente en Jordi Pujol Ferrusola y su entorno directo, con transferencias simultáneas entre cuentas situadas en distintas jurisdicciones financieras.

Uno de los elementos más relevantes señalados ante el tribunal apunta al origen del dinero: operaciones canalizadas desde sociedades instrumentales radicadas en Panamá y transferidas posteriormente a entidades suizas y andorranas, un patrón habitual en investigaciones por blanqueo de capitales.

Sospechas de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas

La declaración policial reforzó además la hipótesis central de la acusación: el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos adjudicados por la Administración catalana durante los años en los que Jordi Pujol presidía la Generalitat.

La reconstrucción financiera identifica movimientos superiores a cuatro millones de euros transferidos desde cuentas andorranas hacia Suiza, asociados a operaciones empresariales gestionadas por el hijo mayor del expresidente. Entre ellas figura la intermediación en transacciones inmobiliarias y concesiones relacionadas con infraestructuras.

Los investigadores también detectaron el uso de cuentas abiertas a nombre de terceros sin conocimiento de sus titulares, empleadas como canales de tránsito para ocultar el origen del dinero antes de su concentración final en cuentas controladas por Pujol Ferrusola.

La agenda personal incautada al empresario añade otro elemento relevante: reuniones mantenidas en los años noventa con altos cargos del Govern y representantes de grandes constructoras que simultáneamente obtenían contratos públicos millonarios. Estas coincidencias temporales constituyen, según la investigación, indicios de una posible conexión entre actividad institucional y flujo económico privado.

Impacto político y fase decisiva del juicio

La revelación de una cuenta activa durante el ejercicio presidencial introduce un factor especialmente sensible en el proceso judicial, al situar los hechos en el núcleo mismo del poder institucional catalán de la época. La figura de Jordi Pujol, que gobernó Cataluña entre 1980 y 2003 y fue clave en la consolidación autonómica tras la Transición, queda así nuevamente bajo escrutinio judicial.

El procedimiento analiza una presunta organización familiar dedicada al ocultamiento de patrimonio y al blanqueo internacional de capitales, con estimaciones policiales que sitúan en al menos 29 millones de euros los fondos que Jordi Pujol Ferrusola aún podría mantener fuera de España.

El juicio continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones periciales y documentales destinadas a determinar el origen de los fondos y la eventual responsabilidad penal de los acusados. La fase probatoria resulta determinante antes de que el tribunal entre en la valoración final de los hechos y la posible apertura del trámite de conclusiones.