ERC negocia con el PSOE rebajar las penas a los 200 catalanes que desobedecieron a la autoridad el 1-O

ERC tiene entre sus prioridades negociar  su “ agenda antirrepresiva”, que no solo incluye a los dirigentes independentistas, sino también a "todos los ciudadanos" acusados de "desobediencia y desacato a la autoridad" por las protestas relacionadaas con el procés.

Los dos aspectos de la ley que negocia ERC afectan a las sanciones impuestas a aquellas personas que participaron tanto en los disturbios que tuvieron lugar durante el 1-O como en las manifestaciones celebradas en 2019 después de que se hiciera pública la sentencia del procés. El empeño de Esquerra es reducir “la persecución” desactivando, por una parte, la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales y, por otra, la cuantía de las multas previstas.

Esto se quiere conseguir a través de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza", donde se pueden rebajar  las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad" en aras a la  desjudicialización del procés. 

RESTARÁ PESO A LA VERSIÓN DE LOS AGENTES Y REBAJAR LAS CUANTÍAS DE LAS MULTAS

La actual Ley Mordaza protege en su artículo 52 la versión de los agentes e indica que en los procedimientos sancionadores que se instruyan las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que presencian lo sucedido “constituirán base suficiente”. La mera indicación de un agente basta así para multar.

Además, la ley de seguridad ciudadana incluye que las infracciones muy graves se sancionan con hasta 600.000 euros y las graves con hasta 30.000 euros, algo que afecta directamente a los promotores de distintas concentraciones independentistas.

Según la ley vigente están consideradas muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas “en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad”, como aquellas que se desarrollaron en el aeropuerto de El Prat en Barcelona o en la estación de tren de El Prat.

200 CATALANES SE BENEFICIARIAN DE ESTA REFORMA

ERC quiere que con esta reforma se beneficien las personas que participaron en los distintos altercados que se dieron en aquellas fechas y que se enfrentan a multas, e imputaciones por la comisión de delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

En esta situación judicial se encontrarían a día de  hoy más de 200 personas  acusadas por los hechos de 2019, y muchas tienen encima de la mesa peticiones de prisión de la Fiscalía que rondan los cinco años. 

Sin la modificación que se pretende en las decisiones de los distintos tribunales catalanes que han instruido los hechos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han moderado por si mismos las condenas. Además de que desde el Ministerio Público,  reclaman condenas inferiores a los dos años, que no implicarían un ingreso a prisión de los condenados sin antecedentes penales.

En el acuerdo de la mesa de diálogo según se comprometieron por escrito ambas delegaciones en su última reunión antes del verano, estos cambios deberán materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", es decir, antes de que acabe 2022, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos de 2023.