Exención fiscal para las víctimas del amianto en el País Vasco y Navarra

Las víctimas del amianto en el País Vasco y Navarra gozarán de exención fiscal, mientras que en el resto de España, las indemnizaciones de estas víctimas estarán sujetas a una tributación de hasta el 47%, si no cambia nada durante el tramo final de la aprobación del fondo. 

Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron este miércoles la exención fiscal para los beneficiarios del futuro fondo de compensación a las víctimas del amianto. Próximamente, las Juntas de Vizcaya y Álava, y el Parlamento Foral de Navarra aprovarán iniciativas similares, tal y como está previsto. 

Esta mejora fiscal viene siendo reclamada por parte de CCOO, UGT y la federación estatal de asociaciones de víctimas del amianto Fedavica desde hace tiempo. 

EL REGLAMENTO, LISTO EN JUNIO

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el reglamento de desarrollo de la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto estará listo "antes de finales del mes de junio".

La senadora del PNV, Nerea Ahedo, ha afeado al ministro de Inclusión que la actividad de este fondo de compensación para víctimas del amianto debería haberse puesto en marcha en el plazo de tres meses desde que se aprobó la ley, es decir, antes del 19 de enero, pero "ya va atrasado". 

Por su parte, Escrivá se ha excusado explicando que los representantes de las víctimas han manifestado su preferencia por que no sea un fondo sino una prestación de la Seguridad Social y ha precisado que, tras aprobar la ley, cuando fueron a trabajar en el desarrollo reglamentario, se dieron cuenta de que "tal como se había aprobado la ley en las cámaras, no se podía dar satisfacción al objetivo final".

Escrivá ha señalado que la ley ya se ha modificado y ahora ya están en condiciones de poder trabajar en el desarrollo reglamentario. "Lo vamos a conseguir, con toda seguridad y en un tiempo adecuado", ha remarcado, añadiendo que, mientras tanto, "esto no afecta a los derechos de los beneficiarios porque el derecho subjetivo a recibir las ayudas rige desde que se aprobó la ley en octubre".