La dirección también anuncia que no plantea reforzar el servicio durante el MWC porque vulneraría el derecho de huelga, pero ha resaltado que los servicios mínimos se cumplirán.
TMB ha detectado 20 casos de alteraciones pleurales entre sus empleados posiblemente relacionadas con la exposición al amianto, que no requieren tratamiento médico.
Pese a que el comité de seguridad acordó por unanimidad adoptar medidas preventivas y trasladar a la plantilla en otra planta, el consistorio aún no ha tomado ninguna medida.
El Alto Tribunal ratifica el pronunciamiento del TSJC, que acreditaba el origen laboral del cáncer en el caso de un extrabajador de la antigua Rocalla de Castelldefels.
El sindicato ha recordado que los 12 afectados sufren manifestaciones benignas de la exposición al amianto "que hasta hace pocos meses la empresa negaba".
Transports Metropolitans alerta de que "teniendo en cuenta que entre el 3% y el 14% de las personas expuestas al amianto presentan manifestaciones pleurales, es previsible que la cifra de casos aumente en los próximos meses".
Las revisiones que viene realizando TMB a sus trabajadores desde que se advirtió de la presencia de amianto en el subsuelo de la ciudad han detectado afectaciones a cinco empleados.
Reclaman una inspección de trabajo ya que no se están evaluando la totalidad de los vagones y critican que la revisión de los convoyes tienen fallos en forma y procedimiento.
La entidad metropolitana asegura que se encuentra en una baja proporción y bien conservado, por lo que no representa ningún peligro para los usuarios ni empleados.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha iniciado un plan de reconocimientos médicos específicos para el personal potencialmente expuesto al amianto detectado en algunos convoyes del metro.
La entidad se justifica diciendo que estos trenes que circula por las líneas 1 y 5 de metro y que tienen pinturas que contienen derivados del amianto no desprenden partículas contaminantes.
Una de las principales reclamaciones de las asociaciones de afectados es que se reconozca como víctimas a los familiares de quienes trabajaron con las fibras o incluso a los vecinos que hayan vivido cerca de un foco de producción.
