Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Fue director sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (1994-2014). Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21. Colaborador del Barómetro de Política y Equidad.
Dos procesos políticos marcan la agenda política latinoamericana y han captado el interés de la opinión pública internacional en lo que va del año 2022: el primero se sitúa en Chile y parte con el triunfo electoral y la asunción al gobierno del líder izquierdista Gabriel Boric, el 11 de marzo pasado. Junto con el comienzo del gobierno de Boric, el país asistía al desarrollo del proceso constituyente iniciado en 2021, que culminó con el rechazo del texto constitucional elaborado por la Convención Constituyente en el Plebiscito llevado a cabo el 4 de septiembre. El análisis de la derrota por más de 20 puntos (62% vs 38%) de las fuerzas progresistas y de izquierda, representó un fuerte traspié para el gobierno del presidente Boric. Abundan textos sobre las razones de la derrota, no siempre elaborados con la distancia y profundidad que requiere un proceso tan complejo; en todo caso, tales hipótesis no serán objeto de esta columna, ya que la exceden.
El segundo hecho de trascendencia en la región, es el inédito triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales colombianas, encabezada por la dupla del senador Gustavo Petro y Francia Márquez, afroamericana y líder de movimientos sociales ambientalistas. Por primera vez en la historia política colombiana una coalición de izquierda, el Pacto Histórico, alcanza el gobierno. Este hito político tendrá una relevancia no menor en el continente latinoamericano, en especial por su potencial articulación en un eje de gobiernos progresistas, de izquierdas y de gobiernos nacional – populares. Las propuestas del flamante gobierno colombiano se podrían resumir en los siguientes puntos: 1) establecer un modelo económico más inclusivo con el objetivo central de combatir la pobreza y desigualdad imperante en vasta zonas del país; 2) fortalecer un sistema de banca pública que garantice créditos a bajo costo; 3) alejarse de la dependencia del petróleo y el carbón para dar paso a energías limpias; 4) avanzar hacia un sistema gratuito y universal de acceso a la educación; 5) elevar los impuestos a quienes poseen grandes extensiones de tierras improductivas; 6) modernizar las tierras agrícolas; 7) fortalecer democracia del país y sus instituciones ; 8) iniciar medidas tendientes a profundizar el proceso de paz iniciado por el gobierno de Santos (2016), fortaleciendo la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, 9) participar activamente en el fortalecimiento de la integración regional, restableciendo las relaciones diplomáticas con Venezuela.
El escenario que configuran el gobierno de Petro como presidente de Colombia, el muy posible triunfo de Inacio Lula da Silva en Brasil, los gobiernos de Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro, en Honduras y Manuel López Obrador en México, debiera facilitar las condiciones para avanzar hacia un gran bloque político y económico en América Latina y el Caribe (ALyC). A partir del 2023 casi toda la región será gobernada por partidos políticos de izquierda, progresistas, vinculados a movimientos sociales, con la diversidad y heterogeneidad implicada en estos colectivos. El año próximo, más del 60% del PIB de ALyC estaría en manos de estos gobiernos.
Sin embargo, estos gobiernos nuevos o bastante recientes, se tendrán que hacer cargo -algunos ya lo hacen-, de una galopante inflación y posibles recesiones económicas, de una importante crisis alimentaria, de nuevos riesgos en la salud de la población, de aumentos sostenidos del desempleo y/o del subempleo, de un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y, de la crisis climática que afecta al continente. Tenemos, por tanto, una región en una profunda crisis económica y social, cuyas instituciones políticas no siempre están a la altura de los tiempos, y tienen enormes dificultades en seguir los ritmos de las transformaciones sociopolíticas actuales.
Aun en este escenario, con dificultades y desaciertos, y pese a la feroz oposición de la derecha y la ultraderecha en cada uno de los países mencionados, se vislumbra que el eje progresista/izquierda, encabezado por sus países más gravitantes -como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia- estarían impulsando un giro en la región hacia sus propuestas programáticas y sus objetivos políticos. El desafío para estos gobiernos será monumental y su éxito o bien su incapacidad de estar a la altura de lo que esperan las grandes mayorías sociales y políticas podrán impedir el retorno de la derecha y la ultraderecha en la región
Un desafío central pasa por la agenda a desarrollar, necesariamente diferente de aquella sostenida por la primera ola de gobiernos progresistas latinoamericanos, en los primeros años de este siglo. Hoy, el escenario mundial y regional exigen propuestas en materias como:
-un nuevo modelo de desarrollo, productivo, social e inclusivo, superando las políticas extractivistas y dejar atrás el “boom” de las materias primas, cuestión que primó en los gobiernos de la primera década;bajar los altos índices de inflación que impactan especialmente a los sectores
-populares y de bajos ingresos en la región;
-enfrentar la aguda crisis climática con políticas públicas de mediano y largo plazo;
-desarrollar políticas comunes en la superación de la pandemia del COVID 19;
-afrontar materias de migraciones de manera conjunta y colaborativa;
-elevar la participación en el terreno de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I);
-coordinar políticas contra el crimen organizado y el narcotráfico;
-fortalecer la alicaída integración regional y la calidad de la democracia, fundamentalmente en los partidos y movimientos políticos en la región.
Sin embargo, históricamente, el problema central en la región no ha sido identificar los issues de una posible agenda conjunta, sino dar con diseños institucionales adecuados para llevarla adelante. Esta es la cuestión estratégica que los nuevos gobiernos deberán resolver si es que se aspira a una articulación regional que logre algo más que la suma de las partes. Se trate de la CELAC o de otras instituciones, la clave es potenciar cierta coherencia política dada por los nuevos gobiernos de izquierda progresista, de modo tal de ganar relativa autonomía frente a otros bloques y países de gran influencia en la región: China, EEUU, Rusia y la Unión Europea. Sin duda, los actuales movimientos en el tablero internacional y continental, abren nuevas oportunidades para la región.
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