​El PSC lleva ante el Síndic de Greuges la "lentitud" de implementación de la Renta Garantizada

 

El diputado del PSC Raúl Moreno en la sede del Síndic

El PSC ha pedido al síndic de Greuges, Rafael Ribó, que controle la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) tras detectar "lentitud" en los primeros meses de esta prestación, cuando no conocen que se haya concedido a nuevos beneficiarios, y creen que genera desinformación e incrementa la situación de insuficiencia económica.

Lo ha explicado el diputado en el Parlament Raúl Moreno, este jueves en declaraciones a los medios, que ha pedido celeridad para resolver la situación de 52.000 personas que esperan una solución a su solicitud: 4.000 tendrán que recibir respuesta este jueves, al cumplirse el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la ley; 24.000 esperan resolución, y 20.000, cita previa para solicitarla.

Moreno ha registrado una queja en la sede del Síndic este jueves, junto a una quincena de concejales y alcaldes del partido, y ha explicado que ven "falta de personal suficiente para atender la demanda generada por esta ley", y aunque la Generalitat aseguró que sumó 400 trabajadores, creen que hay una parte que todavía no está.

La prestación entró en vigor el 15 de septiembre del año pasado, y han constatado que han empezado a recibirla sin problemas las personas que anteriormente eran beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) pero, en las nuevas solicitudes, calculan que "en el mejor de los casos" se resolverá el 5,3% de expedientes.

PROBLEMÁTICAS CONCRETAS

Ha lamentado que cuando entró en vigor, el sistema informático de gestión de la RGC "no estaba implementado" en todas las oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ni de los Servicios Sociales Básicos, lo que provocó un acceso desigual, en función de la oficina y del territorio en el que se solicitaba.

"Se están vulnerando algunos derechos de los ciudadanos", ha afirmado Moreno, preocupado por quejas de personas que ven criterios poco claros por parte de informadores, a la vez que ha alertado de que personas 'sin techo' que tienen que empadronarse en casas de amigos para recibirla, ven que se les contabilizan los ingresos totales del hogar, en lugar de los suyos.

También han detectado que se ha indicado a personas con pensiones no contributivas "que tienen que renunciar a la prestación complementaria, cuando la Ley, en su disposición adicional tercera, indica lo contrario", según recoge la queja presentada ante el síndic.

En ocasiones, "se pide por duplicado documentación para ampliar los plazos", ha asegurado el diputado, que ha añadido que su partido pidió que la RGC empezara a implementarse este enero, en lugar de septiembre.

El concejal de Bienestar Social de L'Hospitalet de Llobregat, Jesús Husillos, ha visto "una situación de colapso" porque se acumulan las peticiones y ven falta de coordinación y comunicación por parte del Govern, y la concejal de Acción Social de Sant Just Desvern, Gina Pol, ha añadido que la cobran solo los de la RMI, que son muy pocos.

Ha criticado que los ayuntamientos se ven obligados a cubrir las necesidades de estas personas con otras prestaciones, a lo que el primer teniente de alcalde de Sant Climent de Llobregat, Jose Antonio Montagudo, ha llamado a cumplir con lo que es "un derecho social".

También ha acudido la diputada al Parlament Beatriz Silva, y concejales y alcaldes de Sant Pere de Ribes, Castellví de Rosanes, Granollers, Castellbell i el Vilar, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès y Rubí (Barcelona).