La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha pedido por escrito al Gobierno que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) sea subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal.
El borrador, ya ultimado por el Ministerio de Seguridad Social, incluye 100 euros por hijo hasta un máximo de tres y no se exigirá estar en el paro.
El ministro de Seguridad Social ha mostrado su sorpresa por la presentación del Ingreso Mínimo Vital y afirma que aún "faltan flecos" técnicos por cerrar.
El ministro de Seguridad Social sí ha insistido en que se "está acelerando al máximo para poder tener esa renta mínima", pero añadiendo que "hay que afinar todos los procedimientos".
Las patronales CEOE y Cepyme han denunciado que "en ningún momento" se les ha hecho partícipes de la negociación de un nuevo ingreso mínimo vital puente y que esta iniciativa no se ha sometido a discusión en el diálogo social.
Pese a que el vicepresidente había anunciado su aprobación de forma inminente, Sánchez retrasa el proyecto hasta que se cierren todos los flecos jurídicos y económicos.
Podemos y sus socios apoyarán lo que decida Sánchez sobre la necesidad o no de paralizar toda actividad productiva que no sea esencial.
El ingreso partiría de 430 euros mensuales y supondría un desembolso para el erario público de 3.500 millones de euros.
El 81% de las personas que reciben la renta garantizada de ciudadanía no puede cubrir necesidades básicas.
Concretamente, se trata de 29.094 familias, que se corresponden con 72.153 beneficiarios, y 46.825 pensionistas y perceptores de prestaciones estatales con rentas más bajas.
El diputado Raúl Moreno ve "falta de personal suficiente para atender la demanda generada por esta ley".
Para poder acceder a esta mejora elos beneficiarios no deben percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena ni rendimientos o rentas.
El portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, Diosdado Toledano, ha explicado que si la ley sigue el camino previsto podrá votarse en el pleno del 12 y 13 de julio | Solo han anunciado mociones de la CUP y el PSC sobre temas menores, y en los asuntos en los que había discusión entre Govern e impulsores.
Rosell duda de si es si es "realmente posible" llevarla a cabo con la situación económica de déficit público que tiene España.
Salud tendrá 45 millones para reducirlas, la mitad de lo previsto en el plan integral. En gasto social, los presupuestos reflejan 1.170 millones más.