Registros en la Autoridad Catalana de la Competencia por el caso 3%

 

La Guardia Civil está registrando este martes 20 de noviembre la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia y siete empresas de Barcelona en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso 3 % -la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)-.

Los registros se están llevando a cabo en el GP Group SA, Audingintraesa SA, la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña,  BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL, además de en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia.

La Guardia Civil ha entrado pasadas las 10 horas de este martes en la sede la Autoritat Catalana de la Competència (Acco), en Barcelona, para hacer un requerimiento de información sobre un expediente que el organismo tiene abierto tras realizar inspecciones domiciliarias a diversas empresas.

El director general de la Acco, Marc Realp, ha dejado claro que la Guardia Civil no ha registrado a ningún miembro del personal del organismo, y que el requerimiento de información es únicamente sobre este expediente que la Acco aún no ha incoado.

"Hicimos unas inspecciones domiciliarias a unas empresas y la Guardia Civil quiere tener acceso a esta información, pero nuestro personal no está implicado", ha insistido Realp, que ha indicado que este requerimiento también se podría haber realizado por escrito.

El expediente no es público y, por tanto, no han trascendido las empresas inspeccionadas: "Hicimos una inspección para investigar indicios de práctica ilícita en términos de competencia, pero aún no hemos determinado si estos indicios son claros para incoar el expediente".

CASO 3%

Esta actuación de la Guardia Civil se enmarca en la investigación de la Audiencia Nacional por el caso del 3%, sobre la supuesta financiación irregular de CDC.

Desde las 9.00 horas, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil está efectuando registros en Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla, aunque no hay previstas detenciones.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga un presunto delito de administración desleal y por ello ha ordenado nuevos registros por posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas de la Generalitat.