​Los jefes de Estado apuran las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las ayudas

Por ahora, las diferencias entre los países del norte y el sur se mantienen  

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21 February 2020, Belgium, Brussels: Spain Prime Minister Pedro Sanchez attends the second day of an extraordinary EU summit on the European Budget 2021-2027. Photo: Thierry Roge/BELGA/dpa

 

Los jefes de Estado y de Gobierno  de los países de la UE vuelen a sentarse en la mesa de negociaciones después de que en la primera reunión no se llegara a ningún acuerdo sobre la ayudas a los países más afectados por la crisis del coronavirus.


21 February 2020, Belgium, Brussels: Spain Prime Minister Pedro Sanchez attends the second day of an extraordinary EU summit on the European Budget 2021-2027. Photo: Thierry Roge/BELGA/dpa


Las diferencias entre los países del norte, encabezados por Países Bajos, y los del sur se mantienen intactas y las posibilidades de llegar a un acuerdo a corto plazo son cada vez menores.


En la primera reunión los dirigentes europeos centraron sus esfuerzos en las condiciones para acceder al fondo de reconstrucción. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha sido firme en su exigencia de que los planes nacionales para recibir las ayudas sean aprobados por unanimidad. Esto daría a su gobierno la posibilidad de vetar cualquier desembolso si considera que España o Italia, los mayores beneficiados del futuro fondo, deben aprobar una nueva reforma laboral o modificar el sistema de pensiones.


Esta postura enfrenta a los países del norte y del sur. Estos últimos consideran que las negociaciones estaban en un momento difícil y que el punto de bloqueo era precisamente el mecanismo para aprobar los planes de reformas de cada país y los posteriores desembolsos de las ayudas.


España e Italia creen que la posición de Países Bajos sobre esta cuestión es inaceptable y se muestran partidarios de un sistema ágil y que incentive las reformas, pero también que sea eficiente.


Además de la condicionalidad, norte y sur chocan en el tamaño del plan, 750.000 millones de euros, que países como Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Austria desean rebajar mientras que otros como España o Italia conciben esa cifra como la mínima aceptable. Los socios del sur también defienden que se mantengan los 500.000 millones en transferencias directas que recoge la propuesta original.

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