UGT denunciará a Acciona por el ERE contra los empleados que trabajaban en Nissan

Acusan a la empresa de no haber entregado la documentación requerida para acreditar las causas del despido colectivo en las instalaciones de la Zona Franca y Sant Andreu

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Trabajadores de Acciona subcontratados por Nissan protestando en agosto contra el cierre de la automovilística nipona

 

UGT Fica de Catalunya ha anunciadoque denunciará a Acciona Facility Services por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 556 empleados que trabajaban en plantas de Nissan promovido a raíz del anuncio de cierre de la automovilística en Catalunya.


Trabajadores de Acciona subcontratados por Nissan protestando en agosto contra el cierre de la automovilística nipona



En un comunicado, el sindicato sostiene que durante el periodo de negociaciones Acciona no ha entregado la "documentación requerida" para acreditar las causas del despido colectivo a los trabajadores en las instalaciones de la Zona Franca y Sant Andreu.


A su entender, Acciona fundamenta el despido en una "rescisión unilateral" de su contrato con Nissan, una circunstancia que consideran que el Estatuto de los Trabajadores no prevé para los despidos colectivos.


"En ningún punto del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores se contempla la posibilidad de despidos por la rescisión unilateral del contrato, rescisión que Acciona quiere argumentar por incumplimientos por parte de Nissan, incumplimientos que no se han podido demostrar en el proceso de negociación", mantiene UGT.


También lamenta que el ERE, que empezó a ejecutarse este viernes, solo conceda a los trabajadores "la indemnización mínima que marca la ley, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses".


ACCIONA

Fuentes de Acciona han informado de que el ERE "lamentablemente sigue hacia adelante" después del fin de las negociaciones con los representantes de los trabajadores, siguiendo lo establecido en la ley.


Y han añadido que la compañía ha estado "en todo momento abierta a negociar con Nissan" una revisión de las condiciones del contrato de provisión de servicios, para que fuera económicamente viable, para mantener los empleos y evitar el ERE.

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