El Tribunal de Cuentas mantiene los 5,4 millones de euros de fianza y da 15 días hábiles para abonarla

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El Tribunal de Cuentas ha mantenido en 5,4 millones de euros la petición de fianza a 34 ex cargos del Gobierno por la acción exterior entre 2011 y 2017. Ahora, la delegada instructora les da 15 días hábiles para abonar de forma solidaria entre los afectados. Si los responsables de las presuntos gastos indebidos no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles bienes.

La delegada instructora no ha hecho modificaciones sustanciales en el acta de liquidación tras escuchar las alegaciones de las defensas martes, en una sesión que se ha alargado hasta este miércoles. La cantidad fijada, que deberá confirmar más adelante en un juicio, es de 5.422.411,10 euros.

El acta de liquidación provisional que el Tribunal de Cuentas entregó ayer a los afectados cifraba los gastos supuestamente irregulares en 5.422.879,48 euros. Las únicas partidas que han sufrido ligeras variaciones a la baja han sido las atribuidas a las delegaciones de la Generalitat en Dinamarca y Croacia.

En la sesión de este miércoles ha sido el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares. Según explicó el abogado y ex conseller Francesc Homs en una atención a los medios a la salida, el ministerio público ha hecho una intervención "política" y la abogacía no ha hecho ninguna argumentación.

La delegada instructora ha exonerado a ocho de los 42 ex cargos a quien había citado, entre los que están los ex consellers de Presidencia, Jordi Turull y Neus Munté. También exonera a Javier Acín, Francesc Cubell, Jordi Serra, Virginia Astigarraga, Pau Villòria y Juan Prat.

¿CÓMO SERÁ EL PAGO?

Los 34 ex cargos del Gobierno afectados deberán ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria. El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las que los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 millones de euros. Por lo tanto, no tendrán que abonar la cifra individualizada en su totalidad.

La delegada instructora vincula al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya su ex conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al ex conseller de Acción Exterior del Gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Cuentas le responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al ex conseller de Presidencia de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.

Los importes más elevados se les atribuye al ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones, así como la exinterventora general, Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.

La responsabilidad es solidaria y, por tanto, todos los ex cargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables. De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De ahí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que deberán pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros.

HOMS LO CONSIDERA UN "DESPROPÓSITO"

Homs ha criticado que la fianza impuesta es un "despropósito" y no tiene "fundamentación jurídica razonable". "Búsqueda perseguir una ideología, un planteamiento político", dijo. El ex conseller ha explicado que la Fiscalía ha hecho un "mitin" en el que "se ha quejado de que desde el independentismo se cuestione el Tribunal de Cuentas" mientras que la Abogacía del Estado ha dicho que "no diría nada".

Los afectados podrán recurrir el acta provisional definitiva ante el Tribunal de Cuentas y, una vez se hayan resuelto los recursos, las acusaciones podrán presentar demanda. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avanzado este martes que la Abogacía del Estado no la presentaría como dijo que hacía siempre una vez presentada la liquidación provisional.