​La CUP denuncia un posible caso de corrupción en Transport Sanitari de Catalunya (TSC)

 

Albert Botran y Eulàlia Reguant, diputados de la CUP, han presentado una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que investigue lo que ellos consideran indicios de un delito de corrupción en la adjudicación de los lotes de transporte sanitario, puesto que buena parte de estos se asignaron a una misma empresa: Transport Sanitari de Catalunya (TSC).

"En esta adjudicación definitiva hubo un gran beneficiario, que era Transport Sanitari de Catalunya (TSC), una empresa de la familia Bonomi", ha asegurado Reguant en rueda de prensa en el Parlament junto a Botran.

En el texto remitido a la Fiscalía, la CUP sostiene que el director general de CatSalut, Josep Maria Padrosa, adjudicó en abril de 2015 siete de los 13 lotes que la Generalitat puso a concurso a TSC junto a 2.256 millones de euros de la concesión de los servicios de Girona, Catalunya Central, Alto Pirineo, Barcelonès Norte, Alt Penedès, Barcelona ciudad y Región sanitaria de Barcelona.

Según la CUP, la familia Bonomi se convirtió en 2012 en única accionista de Port Aventura y que su fundación, a la que la empresa destina un 0,7% de sus beneficios, firmó el 16 de julio de 2015 un convenio de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu por el que donaba tres millones de euros al centro sanitario.

"Esto puede conllevar un indicio de delito y queremos que sea investigado", ha explicado Reguant, que ha criticado que se produjera la externalización del servicio de ambulancias a través de un concurso que consideran incompatible con la situación demográfica y geográfica de Catalunya.

Así, los anticapitalistas sostienen que "no hay ninguna duda" de que los donantes de tres millones de euros al Servei Català de Salut en julio de 2015 a través de Hospital de Sant Joan de Déu y los receptores de la adjudicación multimillonaria del servicio de ambulancias son la misma familia.

"A nuestro entender y vistas las irregularidades denunciadas por el sector, podría ser indiciariamente constitutivo de varios delitos contra la administración pública", concluye la denuncia.

La denuncia, fechada el 1 de abril, se ha dado a conocer después de que el pleno del Parlament aprobara una moción que instaba al Govern a reconocer que el concurso del transporte sanitario no había dado el resultado esperado y en el que pedía garantizar que las ambulancias "no sean utilizadas para realizar traslados de mutuas privadas a centros sanitarios privados".