La Generalitat convoca el concurso de su suministro energético por más de 230 millones de euros

 

La Generalitat ha publicado la licitación del Acuerdo marco del suministro de energía eléctrica, gas natural y propano para las 13 consellerias y al menos otras 363 entidades públicas adheridas que para un periodo de cuatro años supondrá un valor aproximado de 236.142.017 euros, dividido en diez lotes.

Lo ha anunciado este miércoles en un comunicado la Conselleria de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que, a través de la Comisión Central de Suministros (CCS), ha publicado en la plataforma de Contratación Pública de la Generalitat la licitación y ha especificado el obligatorio cumplimiento de la normativa contra la pobreza energética de las compañías adjudicatarias.

Además de las consellerias y entidades citadas adheridas, la contratación también afectará a entes de fuera del ámbito de la Generalitat, como ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, universidades, órganos superiores y cualquier administración pública catalana.

El importe aproximado de 236.142.017 euros excluye los impuestos, de los que 52.271.658,01 euros corresponden al IVA, un total de 11.411.572,50 al importe del impuesto eléctrico y 1.603.419,31, al impuesto de hidrocarburos.

La parte de valor de las consellerias de la Generalitat llega a los 198.371.679,21 euros (sin impuestos), mientras que el resto de entidades suman un presupuesto de 37.770.338,45 euros.

Respecto al precio de licitación para el primer año de duración, la cifra será de 44.082.595,38 euros, según ha destacado la Conselleria en el citado comunicado en que ha reafirmado la lucha del Govern contra la pobreza energética.

En este sentido, ha especificado el obligado cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de la normativa en materia de pobreza energética "como norma general no vinculada al objeto del contrato".

Así, las empresas que resulten adjudicatarias de este acuerdo marco, deberán cumplir con esta normativa, de la misma forma que también deberán cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, social, de prevención de riesgos laborales, de integración social de las personas discapacitadas, fiscal, de protección de datos personales y medio ambiente.

La cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el nuevo acuerdo marco incluye como una obligación "cumplir lo que establece la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética".