En cuanto al presente las cosas van de mal en peor. El costo de la vida se ha duplicado en los últimos dos meses y la escasez de medicamentos y, en general, de la mayoría de los insumos para la vida diaria se ha hecho crítica; la situación de la salud pública y personal es ya insostenible y a eso se suma la inseguridad, la delincuencia desatada, la represión a todo pensamiento distinto y las opciones de vida disminuidas.

Respecto al futuro inmediato, la situación no es mejor. Dos escenarios saltan a la vista:

El primero de ellos tiene que ver con una previsible escalada de la violencia. El descontento aumenta, la gente opositora sigue empoderada y con la voluntad intacta de continuar su lucha, a pesar de las discordancias en el seno de su dirigencia; más aun, se anuncia una próxima mega-marcha de protesta y ya se escuchan las voces que claman por una huelga general indefinida.

Por su parte el gobierno sigue empeñado en, lo que entienden es, su tabla de salvación: la Asamblea Constituyente, claramente plagada de ilegalidades y carente de legitimidad. El discurso oficial incrementa sus amenazas de guerra y revancha y no hay evidencias de que pretenda dar marcha atrás, incluso, recurriendo a obligar a los funcionarios públicos a votar, so pena de despido, o al chantaje con las cajas de alimentos (CLAP) para sus seguidores.

En ese proceso de escalamiento debemos esperar mayor represión a las expresiones de descontento y hasta acciones directas contra los dirigentes opositores (cosa que ya comenzó). Sin embargo, a pesar de que la represión ha sido brutal (más de 100 fallecidos y centenares o miles de detenidos), es claro que ella no ha podido disminuir el ímpetu de la protesta.

En este escenario, el gobierno podría considerar la opción de llamar al ejército a la calle. Pero, ¿esto que significa? El ejército no está concebido para el control del orden público o para calmar motines; para eso está la policía y la Guardia Nacional. Sacar al ejército significa una declaración de guerra y una matanza a la vista. La experiencia más reciente de una acción de esta naturaleza fue con el mismo Pdte. Chávez y el resultado fue la negativa del Alto Mando, el arresto del presidente y la solicitud de su renuncia (…la cual aceptó…).

Por otra parte está la cuestión del momento para la toma de esta decisión. No podría hacerse antes del 30 de julio, pues, ¿cómo realizar un acto de elección de la Constituyente, en medio de una situación de excepción (lo cual supone toque de queda y una suspensión temporal de garantías constitucionales), y con el ejército en la calle?, pero podría hacerse después.

El segundo escenario es: la negociación. Sin embargo tampoco hay elementos que indiquen que el gobierno, en su infinita arrogancia, considere esta opción. Entonces, habría que obligarlos. Solo una situación nacional de emergencia, en la cual la dirigencia oficial vea en peligro su seguridad personal y colectiva o la continuidad de sus privilegios, podría obligarlos a negociar.

La situación internacional está clara; habrá amenazas, presiones para negociar y algunas acciones contra individuos, pero no una intervención de fuerza.

Así pues, la solución está aquí, entre nosotros. Preparémonos para tiempos difíciles.