Juzgan este miércoles por delito urbanístico al exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro

El exalcalde de Badalona (Barcelona) por el PSC, Rubén Guijarro, será juzgado el miércoles en la Audiencia de Barcelona junto a dos técnicos del consistorio por un presunto delito sobre la ordenación del territorio, según el escrito de acusación de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía consultado por Europa Press.

Para todos ellos la Fiscalía pide una pena de 4 años de prisión, 16 años de inhabilitación y multa de 7.800 euros por unos hechos que ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando Guijarro era concejal de Urbanismo.

Los otros dos acusados son el entonces jefe de Servicio de Disciplina Urbanística y el jefe de la Unidad Jurídica del Departamento Urbanismo entre 2018 y 2019.

La acusación pública considera que los tres acusados eran, conforme a los cargos que ocupaban, los "garantes del correcto ejercicio de la potestad sancionadora urbanística municipal" y que incumplieron sus obligaciones.

Los acusa de no perseguir a los responsables de un conjunto de "construcciones, alteraciones en el terreno y usos con un carácter recreativo" en parcelas de la Serralada de Marina catalogadas como suelo no urbanizable y especialmente protegido por su valor natural, pese a tener conocimiento de ello mediante informes de Agentes Rurals.

Contrarios a la normativa urbanística

La Fiscalía sostiene que se detectaron un conjunto de edificaciones, construcciones y transformaciones --algunas de ellas viviendas-- "totalmente contrarios" a la normativa urbanística municipal y autonómica y que, además, algunos de los responsables de las obras ocuparon los terrenos sin ningún tipo de autorización por parte de los legítimos propietarios.

Los acusa de no proponer un procedimiento sancionador y de pedir una licencia para las obras pese a que las construcciones tenían un carácter "manifiestamente ilegalizable", alejándose de sus obligaciones legales de no iniciar procedimientos o trámites destinados a sancionar la referida infracción, muy grave, en palabras de la Fiscalía.

Finalmente, los procesados iniciaron un procedimiento sancionador contra los propietarios de las fincas y no contra quienes habían hecho las transformaciones y usos ilícitos de los terrenos protegidos, pues "de forma expresa o tácita estos no quisieron dirigir ningún procedimiento sancionador contra la persona que sabían que había hecho las construcciones y usos del suelo" conforme a la información obtenida.

Concluye que los tres "conocían todas aquellas limitaciones que la normativa urbanística en relación a los posibles usos y transformaciones a desarrollar en estas parcelas atendiendo su consideración de suelo no urbanizable especialmente protegido por su valor natural".