Badalona y el B9: el desalojo que destapa el fracaso en vivienda e integración

El desalojo de cerca de 400 inmigrantes del antiguo instituto B9 de Badalona ha dejado al descubierto una realidad incómoda que va mucho más allá de una orden judicial cumplida: el fracaso colectivo de las administraciones a la hora de garantizar una vivienda digna, una acogida efectiva y una integración real para cientos de personas que ahora se encuentran literalmente en la calle.

La mayoría de los desalojados son migrantes subsaharianos que llevaban meses, e incluso años, viviendo en el interior del antiguo centro educativo, convertido en una comuna insalubre, sin condiciones de seguridad ni salubridad. Parte de la izquierda política defiende esta situación como una expresión del “derecho a una vivienda digna”, pese a que el espacio no reunía los mínimos requisitos para ser considerado un lugar habitable.

Tres días después del desalojo, la escena es desoladora: personas acampadas en la plaza frente al edificio, sin recursos, sin alternativas y sin un plan claro. Mientras tanto, las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras en un ejercicio de politiqueo que contrasta con la urgencia humanitaria del problema.

Nadie hará nada

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido tajante al anunciar que el Ayuntamiento no hará nada más y ha exigido que sean el Gobierno central y la Generalitat quienes asuman la atención de estas personas. Desde el PP, partido que gobierna con mayoría absoluta en la ciudad, se acusa directamente a los ejecutivos de Pedro Sánchez y Salvador Illa de haber permitido una llegada masiva de inmigrantes sin dotar a los municipios de recursos suficientes.

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha respondido con dureza, acusando a Albiol de “dejación de funciones” y recordando que el Ayuntamiento ha renunciado a ayudas estatales para la primera acogida. Prieto sostiene que las competencias están claras y que el consistorio debía activar mecanismos de atención social tras el desalojo, más allá de cumplir la resolución judicial.

Desde la Generalitat, la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha propuesto una solución de emergencia: la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde hace dos años. Entidades sociales se han ofrecido incluso a gestionarlo, pero Albiol ha descartado la propuesta alegando graves deficiencias estructurales, problemas de seguridad y falta de garantías legales.

Barcelona, por su parte, ha optado por desmarcarse del conflicto. La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sònia Fuertes, ha señalado que las personas desalojadas “tienen derecho a moverse”, pero ha dejado claro que no corresponde a Barcelona resolver una situación generada en Badalona, pese al aumento visible de personas sin hogar en la capital catalana.

Resumiendo: nadie hace nada, todos se señalan con el dedo acusador y el debate de fondo sigue sin abordarse. Ninguna administración plantea seriamente cómo garantizar el acceso a una vivienda digna real para este colectivo, ni cómo evitar que estas personas queden atrapadas en guetos informales que generan inseguridad, exclusión y cronifican la marginalidad, tanto para los vecinos como para los propios migrantes.

El caso del instituto B9 no es solo un desalojo: es el reflejo de un sistema que ni protege la convivencia ni respeta la dignidad humana, donde el discurso político sustituye a las soluciones y donde, una vez más, los más vulnerables quedan relegados al último plano.