El Sindicat d’Habitatge carga contra el acuerdo de reubicación del B9

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ha cargado contra el acuerdo alcanzado para reubicar a parte de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), al considerar que permite al alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, “expulsarlas” fuera del municipio.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que el pacto entre la Generalitat y distintas entidades sociales “no es una victoria, aunque suponga un alivio temporal de una situación de emergencia muy grave”, y ha denunciado que no se ha ofrecido una alternativa residencial real y estable para las personas afectadas por el desalojo.

La portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista, Emma Puig, ha señalado que en Badalona “hay más de 7.000 pisos vacíos que podrían alojar hasta 19 veces a las personas que vivían en el B9”, además de “miles más destinados a uso turístico”. A su juicio, la falta de soluciones no responde a una imposibilidad material, sino a una decisión política.

Desde la plataforma insisten en que “el problema del B9 no es un problema de acogida ni humanitario”, sino “un problema político de primer orden”, en el que confluyen la crisis estructural de la vivienda y “una operación política activa que busca enfrentar al último con el penúltimo para que todo siga igual”.

En este contexto, el sindicato ha advertido del “auge reaccionario” en el debate sobre vivienda y ha repartido responsabilidades entre distintas administraciones. En concreto, ha acusado al Govern de Salvador Illa de ser, “textualmente”, tan responsable como el PP de Albiol por el desalojo, al haber enviado a la BRIMO de los Mossos d’Esquadra para ejecutar la actuación sin ofrecer una alternativa habitacional a las cerca de 400 personas que residían en el edificio.

El desalojo del B9 y la posterior reubicación parcial de sus ocupantes ha reavivado el debate sobre la emergencia habitacional en Badalona y en el conjunto de Catalunya, así como sobre el papel de las administraciones públicas en la movilización de vivienda vacía frente a situaciones de exclusión residencial extrema.