La alcaldesa de Barcelona está acusada de haber beneficiado con 3,4 millones de euros a organizaciones vinculadas a los comunes. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó en diciembre de 2021 una denuncia contra Ada Colau y varios de sus concejales por presuntamente favorecer a organizaciones afines.

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La Fiscalía, que el pasado mes de julio pidió el archivo de las denuncias contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ahora es partidaria  de alargar las investigaciones seis meses más tras la llamada de atención de la Audiencia de Barcelona. 

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó en diciembre de 2021 una denuncia porque el equipo Colau favoreció a organizaciones presuntamente comentiendo los  delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, delito de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.

Acusaba  concretamente a la alcaldesa Ada Colau pero también a su equipo conformado por Eloi Badia, Laura Pérez, Gala Pin, Laia Ortiz, Vanessa Valiño, Gerardo Pisarello  y Jaume Asens. 

La denuncia detallaba que esas entidades recibieron al menos 3,4 millones de euros en ayudas oficiales entre 2015 y 2019 y advertían de que podía haber trato de favor, dado que todos los acusados habian tenido relación laboral con ellas. En 2021 esta denuncia fue archivada por la Fiscalía que al revisar cinco expedientes determinó que todo estaba correcto y no había prevaricación, por lo que tampoco deberían existir los presuntos delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias u organización criminal.

Pero las subvenciones otorgadas, se concedían como subvenciones extraordinarias,  pese a que eran periódicas, recurrentes y por conceptos importantes, por lo que debían pasar el trámite de concurrencia pública.El 70% del importe de las mismas , además, se dedicaba a gastos de personal algo que evidenciaba que se otorgaban para “el mantenimiento de la estructura organizativa de las asociaciones afines con cargo a los fondos públicos". Algo ánomalo en las bases de cualquier subvención pública a las entidades que las reciben.

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Por todo ello la Audiencia de Barcelona en su auto decidió llamar en varias ocasiones la atención al juez instructor del "caso Colau" por no haber atendido por un lado, las peticiones de los denunciantes y por otro, no haber decidido que fueran las instancias judiciales quienes determinarán si las "irregularidades" detectadas por la interventora municipal fueran o no constitutivas de delito. Esta atribución o no según la Audiencia es competencia de los jueces y no de la interventora municipal del Ayuntamiento de Barcelona. 

Los magistrados advertían además de que solo consideran "inicial y provisoriamente como posiblemente constitutivos de infracción penal el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una serie de subvenciones por el procedimiento de concesión directa entre 2016 y 2020". Es decir sin que se diera el trámite de concurrencia pública que la legislación administrativa requeriría en estos casos.

Los magistrados en su Auto discrepan de las conclusiones que extrajo el juez instructor tras interrogar a la interventora delegada del Ayuntamiento de Barcelona y en este sentido afirman que  ella declaró que "detectó irregularidades que no constituían un delito", pero los magistrados le dicen en este auto al instructor que discernirlo "corresponde a los jueces y tribunales del orden penal". Además, los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran que con los indicios recavados hasta ahora no se puede descartar que hechos supongan un presunto delito de prevaricación que involucre a Colau y tal vez a más personas.

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La Audiencia fue tajante: “Teniendo en cuenta lo hasta ahora consignado en estos razonamientos jurídicos y la interpretación que efectúa el Tribunal Supremo del delito de prevaricación cometida por autoridad o funcionario público, concluimos que los hechos, tal como los hemos delimitado, pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación en el que puede haber tenido participación la investigada, o incluso otras personas sobre las que no se ha dirigido la causa contra ellas como investigadas, y sin perjuicio de que se puedan haber cometido otros delitos, lo que debe tener como consecuencia la revocación del acuerdo de sobreseer libremente la causa, que se contiene en la resolución apelada”.

A la vista de esta corrección, la Fiscalía dio un vuelco a su estrategia y envió un escrito al juzgado de instrucción el pasado 8 de noviembre adhiriéndose a las tesis de la Audiencia, que ordena realizar algunas diligencias que la asociación querellante había solicitado y que no habían sido practicadas sobre la naturaleza de las subvenciones, la falta de presentación de informes de auditoría, la no abstención de cargos municipales a la hora de otorgar ayudas a entidades a las que hubieran estado vinculados o el destino final del dinero, que en su mayor parte se utilizaba en pagar nóminas y no en proyectos sociales.

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