La Audiencia de Barcelona no se cree a Eloi Badia e investigará si la incineradora del Besòs contaminó en exceso

El concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, FRG, comparecieron este martes como investigados en la causa, que se sostiene en las pesquisas realizadas por la Guardia Civil durante casi cuatro años.

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Archivo - El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, en una imagen de archivo
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia / @EP

El cuerpo policial pidió autorización al Juzgado de Instrucción 5 de Badalona en enero para practicar una entrada y registro de la central. La jueza la desestimó, pero la Audiencia de Barcelona ha concedido ahora el orden tras los recursos del ministerio público y de la acusación que la plataforma vecinal Aire Net ejerce.

 

Gracias a la investigación se podrá saber si en la planta excedió diseminando sustancias contaminantes que, según la fiscalía, pudieron poner en "riesgo grave" la salud de los vecinos cercanos a la planta, en el límite entre Sant Adrià de Besòs y Barcelona.

 

 

La instalación es de titularidad pública, compartida por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y ahora la Audiencia de Barcelona ha concluido que la diligencia sí procede y necesaria para la investigación. El registro será excepcional, puesto que se practicará sin que el sumario esté bajo secreto.

 

En un oficio del pasado 3 de enero la unidad del Seprona de la Guardia Civil reclamó un mandato a la jueza para que le facultara para acceder a la incineradora "con el fin de la prosecución de las investigaciones". El Seprona argumentó que el registro era necesario por la "no existencia de otro medio menos lesivo para la comprobación del 'modus operandi' empleado para llevar a cabo los delitos investigados".

 

SE INVESTIGA LA POSIBLE EMISIÓN EXCESIVA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA

 

La causa que se instruye en los juzgados de Badalona está abierta por un presunto ilícito contra el medio ambiente por la posible emisión excesiva de partículas y sustancias contaminantes a la atmósfera, al quemarse residuos supuestamente por debajo de la temperatura que la normativa dicta para minimizar la polución.

 

Se está investigando si los cálculos basados en un algoritmo que la empresa ha utilizado para medir la temperatura a la que queman los desechos son pertinentes para garantizar una combustión adecuada que mitigue la dispersión de componentes tóxicos o no se ajustan a la normativa. La Guardia Civil afirma que "en varios momentos, dentro de las instalaciones del grupo Tersa, se han quemado residuos por debajo de la temperatura establecida de 850 grados, algo que supone un grave riesgo de contaminación en la atmósfera y, como a consecuencia, un riesgo para la salud pública, puesto que no está garantizado que los compuestos contaminantes [...] se estén descomponiendo completamente", avisa.

 

 

 

Los agentes también quieren examinar si el sistema automático de mediciones "cumple los requisitos" , constan mediciones de dióxido de azufre y mercurio que "no superaron niveles de garantía de calidad" y que, además, "la empresa tomó ciertas medidas de forma manual, incumpliendo de este modo la calibración indicada en las instrucciones técnicas".

 

Los policías se proponen "verificar que la descarga de cenizas se realiza con las medidas de seguridad adecuadas". El Seprona afirma que el trasiego de escorias fue inadecuado, "por lo que se permitió la salida de partículas altamente contaminantes, catalogadas como muy peligrosas, lo que puso en riesgo grave a los empleados que estaban en las instalaciones, así como el potencial riesgo de contaminación que supone si las cenizas volantes llegan a la atmósfera, ya que algunos efectos sobre la salud asociados a la inhalación de partículas contaminantes son el desarrollo de asma, el mal funcionamiento de los pulmones y la aparición de problemas cardíacos".

 

El cuerpo cita varios estudios sobre la contaminación en torno a la planta , elaborados entre 2014 y 2017 por un equipo encabezado por el catedrático de Toxicología de la Universidad Rovira y Virgili Josep Lluís Domingo. Para los agentes, llama la atención que estos informes detectaran en Sant Adrià "una cantidad significativamente superior de dioxinas y furanos [dos sustancias cancerígenas] en el suelo y en el aire respecto a las otras plantas de evaluación energética" de Catalunya. También resaltan que estos trabajos apuntaron que "el riesgo de desarrollar cáncer en los habitantes de Sant Adrià de Besòs es de entre tres y cuatro veces mayor que si lo comparamos con las otras plantas de gestión de residuos estudiadas".

 

Al menos en el 2017, Tersa presuntamente provocó que la expulsión de dioxinas y furanos fuese "el doble del límite permitido".

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