La Guardia Civil inspecciona la incineradora del Besòs por orden judicial y determinará el futuro de Eloi Badia

La Guardia Civil está inspeccionando y registrando desde primera hora de este miércoles las instalaciones de la incineradora de la empresa pública Tersa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) por orden judicial, en busca de pruebas de una posible contaminación excesiva.

El origen de la investigación judicial es la denuncia a Tersa por quemar presuntamente residuos sin el pertinente control de la temperatura, según lo que establece la normativa, lo que habría comportado la emisión de compuestos contaminantes, potencialmente cancerígenos, con afectación esencialmente en los barrios de Diagonal Mar y Besòs de Barcelona, y en la localidad de Sant Adrià de Besòs.

Desde primera hora de esta mañana, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Barcelona están inspeccionando la planta, según ha avanzado El Periódico.

De hecho según este mismo medio el 'caso Tersa' ha destapado el escaso control en tiempo real de las emisiones tóxicas en Catalunya.  En este sentido la Generalitat ha admitido  que no tiene capacidad para chequear las mediciones de contaminación en vivo y ha descargado la responsabilidad en las empresasinstalaciones de la incineradora pública de Tersa, situada en la confluencia entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. 

La planta es foco de una investigación judicial que trata de esclarecer si cometió supuestas irregularidades que habrían conllevado emisiones de partículas y otras sustancias contaminantes a la atmósfera por encima de lo permitido por la ley entre 2015 y 2019. 

Dos unidades de la Guardia Civil y varias del cuerpo sin logotipar se han desplazado temprano a la central, acompañadas por la letrada de la administración de justicia. La inspección está rodeada de circunstancias insólitas. A diferencia de lo que es habitual, Tersa ha sabido con antelación del día y la hora en que los agentes se iban a personar. Un rasgo fundamental de estas batidas es que sean imprevistas para localizar indicios del supuesto ilícito. Los registros se practican cuando la causa se halla todavía bajo secreto de sumario, lo que ya no ocurre en las pesquisas sobre la incineradora del Besòs. 

Así, las partes personadas en el proceso judicial han recibido notificación de cada una de las resoluciones sobre la actuación que se efectúa esta mañana, incluida Tersa, con dos de sus máximos responsables encausados.

La Guardia Civil pretende comprobar los sistemas de control de las temperaturas de los hornos crematorios para verificar si el algoritmo con el que se calculan los grados en que arde la basura garantizan la combustión completa de los desechos y sus componentes tóxicos. Se trata de una cuestión esencial a despejar, dado que los informes policiales sostienen que la empresa quemó residuos “en numerosas ocasiones” por debajo de 850 grados. Es la temperatura mínima para certificar que no se liberan sustancias contaminantes al ambiente. Tersa y la Generalitat niegan incumplimientos.

A su vez, los agentes quieren chequear el funcionamiento de la planta. Se proponen verificar si el sistema automático de mediciones cumple los requisitos, cuál es el uso de carbón activo para absorber dioxinas, furanos y metales pesados y corroborar que se procede a la descarga de cenizas con medidas de seguridad. Los policías también tienen intención de rastrear en archivos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos en papel que puedan aportar información a la investigación. A su vez, la Guardia Civil solicitó autorización para acceder a correos electrónicos que puedan guardar relación con los hechos.  

El ‘caso Tersa’ nace a raíz de una denuncia que la Fiscalía presentó en marzo de 2022, después de casi cuatro años de indagaciones originadas por un aviso de la plataforma vecinal Aire Net.

En el sumario, constan listados aportados por la Generalitat con las mediciones minuto a minuto de las emisiones contaminantes que Tersa expulsó supuestamente entre 2017 y 2021.  Y de estos datos según El Periódico se desprenden supuestas infracciones mayúsculas y constantes de los límites legales al menos durante 10 meses de 2018 y 2019. La Generalitat responde ahora que la documentación contiene millones de registros “erróneos” por un supuesto fallo en la copia de datos. La Fiscalía ha solicitado un informe de la Guardia Civil sobre las presuntas superaciones de los baremos normativos y ha pedido explicaciones al Departament d'Acció Climàtica y Tersa.  

ELOI BADIA ACUSADO POR ESTE PRESUNTO DELITO ECOLÓGICO

La plataforma Airenet, que ejerce la acusación particular, había pedido al juzgado de Badalona un registro en la planta para comprobar in situ si se llevan a cabo prácticas irregulares, pero el instructor denegó la petición.

Los letrados de Airenet recurrieron a la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró, en cambio, en un auto que era "útil, adecuado y pertinente" que la Guardia Civil practicara una inspección en la incineradora dadas las irregularidades que se recogen en el informe pericial.

En este sentido, los magistrados de la Audiencia de Barcelona alegaron que la inspección de la Guardia Civil podía servir para comprobar si el algoritmo utilizado para controlar la temperatura es el adecuado y garantiza una combustión completa de los residuos (de no ser así, existe riesgo de emisión de contaminantes) o para verificar que es correcta la descarga de cenizas.

A raíz de esta resolución de la Audiencia de Barcelona, la Guardia Civil está llevando a cabo  una inspección en la incineradora para comprobar su funcionamiento.

El pasado mes de abril declararon ante el juez instructor los dos principales investigados, Eloi Badia y F.R.G, y ambos defendieron que la planta ha cumplido la normativa esgrimiendo un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat.

Tersa es una empresa pública de Barcelona Serveis Municipals -empresa del ayuntamiento- y del Área Metropolitana de Barcelona. Está presidida por Eloi Badia porque es el responsable del área de Medio Ambiente tanto en el Ayuntamiento como en el AMB.

Ante esta inspección de hoy de la Guardia Civil, Tersa, reitera que la incineradora "cumple los estándares y normativas" que rigen su actividad, tal como han manifestado en diversas ocasiones las administraciones competentes encargadas de supervisar y mantener un control continuo de la planta.

En este sentido, recuerda que el pasado mes de septiembre se renovó la autorización ambiental integrada (AAI) por parte de Tersa para desarrollar la actividad consistente en la valoración energética de residuos municipales y residuos industriales asimilables a residuos municipales. En esa revisión, subraya Tersa, la AAI informó favorablemente sobre las instalaciones y el funcionamiento de la planta.