Vox y PP salen en defensa de la heladería acusada de catalanofobia que fue vandalizada en Barcelona

El caso de la heladería de Gràcia acusada de catalanofobia ha saltado a la arena política en Barcelona. Tras las declaraciones del teniente de alcaldía, Albert Batlle, quien recordó este jueves que "hay una normativa que se tiene que cumplir", los grupos municipales del Partido Popular y de Vox han exigido al alcalde Jaume Collboni que tome medidas contra los ataques a comercios por motivos lingüísticos.

El establecimiento, DellaOstia, se convirtió en blanco de actos vandálicos después de que un camarero recriminara a una mujer, pareja del regidor de ERC Guillem Roma, por hablar en catalán, recordándole que "estamos en el Reino de España" durante la Fiesta Mayor. Para los populares, este tipo de incidentes requieren una respuesta firme del consistorio.

El presidente del grupo del PP, Daniel Sirera, anunció que presentará una iniciativa para que la Guardia Urbana, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, actúe de oficio frente a mensajes que promuevan amenazas o inciten a agresiones. Según Sirera, se deberían levantar atestados sobre publicaciones en redes sociales y remitirlos a la Fiscalía o al juzgado. Además, propone un protocolo de protección y apoyo a comercios o personas amenazadas, con presencia policial preventiva y contacto directo con los propietarios afectados.

Por su parte, Vox Barcelona reclama también medidas inmediatas contra los ataques por motivos lingüísticos y ha anunciado la apertura de una Oficina para la Libertad Lingüística, destinada a apoyar a quienes sufran discriminación por usar el español. Su presidente, Gonzalo de Oro, aseguró: "No pararemos hasta garantizar la libertad plena de uso del español y del catalán ante la imposición y la cobardía de quienes callan ante los ataques".

Entre otras propuestas, Vox plantea que el Ayuntamiento se persone como acusación popular en los procesos judiciales abiertos contra los responsables de estos ataques y la creación de una Comisión Extraordinaria que condene los hechos, exija el respeto a las dos lenguas oficiales y ponga fin al trato de ciudadanos de segunda que sufren los castellanohablantes en la ciudad.