Una investigación judicial sacude TV3 y Catalunya Ràdio: los directivos cobraban más que un conseller

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha abierto una investigación sobre la gestión interna de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que controla los medios públicos de la Generalitat de Catalunya. La jueza instructora ha decidido incoar diligencias tras recibir una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC), que acusa a la dirección de la CCMA de posibles delitos de prevaricación y malversación, según informa ElMon.cat, medio que ha tenido acceso a la resolución judicial fechada el 16 de mayo.

La denuncia se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que revela graves irregularidades durante los ejercicios de 2020 y 2021. Entre otras cuestiones, el informe fiscalizador señala que cuatro directivos cobraban más que un conseller de la Generalitat, y critica duramente los procedimientos de selección de los actuales directores de TV3, Sigfrid Gras, y de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.

La magistrada ha requerido a la Sindicatura que aporte el informe completo 2/2025, incluyendo todos sus anexos, documentación interna, y papeles de trabajo relacionados con la auditoría. A la CCMA y a entidades vinculadas como la Fundació La Marató, se les exige entregar los contratos, nóminas, resoluciones salariales y expedientes de nombramiento de directivos, así como cualquier documentación relacionada con incentivos, trienios y contratos de alta dirección.

También se investigan retribuciones superiores al límite legal, el uso de procedimientos negociados sin publicidad para contratar pólizas, y posibles deficiencias en la reserva de puestos de trabajo de directivos. La denuncia, presentada por el bufete Chapapría-Navarro Associats en nombre de SCC, añade a los posibles delitos de prevaricación y malversación, la omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos.

El informe de la Sindicatura, publicado en marzo, cuestiona también que algunos empleados trabajaran 35 horas sin cumplir con los requisitos, el pago de complementos por objetivos comerciales, y la falta de garantías en la selección del personal directivo.

Con esta investigación, la gestión interna de los medios públicos catalanes entra en el punto de mira judicial, y la instrucción podría derivar en nuevas revelaciones que comprometan seriamente a la cúpula de la CCMA.